EXPOSITOR

DR. JESÚS RODRIGUEZ CEBREROS

MÉXICO

     

I. INTRODUCCIÓN

    Ya desde el 11 de septiembre de 1961, México ratificó el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la discriminación en   materia de empleo y ocupación, en dicho convenio se establece que todo país ratificante se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación, entendida como tal cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación, así como cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiado. (Arts. 1 y 2), adicionalmente, los ratificantes del convenio se obligaron a promulgar leyes que garantizaran la no discriminación en el empleo y ocupación. En el mismo sentido, en México, mediante decreto publicado el 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, se reformó sustancialmente el artículo 1º de la Constitución, incorporándose de manera específica el reconocimiento a los derechos humanos, o como lo menciona Jorge Ulises Carmona Tinoco, “Se trata, sin duda alguna, del cambio constitucional en materia de derechos básicos más importante del último siglo, que representa un nuevo paradigma para el respeto, protección, garantía y satisfacción de los derechos humanos”. 1 En dicha reforma se establece expresamente que en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. 3 Señala que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Menciona que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Y culmina preceptuando que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Bajo el antecedente de que la reforma constitucional antes citada constituye un intento del estado mexicano de propiciar la inclusión social, y que dicha inclusión incluye el trabajo como derecho humano; en el presente trabajo nos ocupamos de analizar los aspectos legales y materiales relativos al cumplimiento del objetivo mencionado, a la luz de las reformas a la reglamentación de la materia laboral en México. II. DESARROLLO DEL PROBLEMA. El párrafo tercero del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establece que el día de la apertura de cada 4 periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Menciona que cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales; y previene que si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. También prevé que en caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas. En ese tenor, el 1º de septiembre de 2012, y con el carácter de iniciativa preferente, aún presidente de la república remitió a la Cámara de Diputados, la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Una vez discutida y aprobada, en fecha 28 de septiembre de 2012 la Cámara de Diputados, remitió la iniciativa a la Cámara de Senadores, misma que una vez que la discutió como cámara revisora, la aprobó en lo relativo a las disposiciones de derecho individual y procesal, pero efectuó sustanciales adiciones a la parte colectiva, específicamente en materia de transparencia sindical y rendición de cuentas, regresándola entonces a la cámara de origen en fecha 22 de octubre de 2012. En lo relacionado con la inclusión social en materia de trabajo, el proyecto aprobado en ambas cámaras incorpora las siguientes cuestiones: Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. 5 Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva. Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres. (Artículo 2º). El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio. No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. (Artículo 3º) Para efectos de esta Ley se entiende por: a) Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas; y b) Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la 6 subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. (Artículo 3º Bis) Por su parte, el artículo 51, que establece las causales de rescisión imputables al patrón, menciona que también tendrá este carácter: Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes, dentro del servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y/o acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos; y Exigir la realización de actos, conductas o comportamientos que menoscaben o atenten contra la dignidad del trabajador. El artículo 56 señala que Las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta Ley y deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias y/o exclusiones por motivo de origen étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta Ley. Y finalmente, el artículo 133, relativo a las prohibiciones de los patrones, establece que queda prohibido a los patrones o a sus representantes negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio; realizar actos de hostigamiento y/o acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo; permitir o tolerar actos de hostigamiento y/o acoso sexual en el centro de trabajo; exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo; y despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o 7 indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores. Como se puede observar, en México, en materia de trabajo, desde el punto de vista constitucional y reglamentario, se han dictado normas que tratan de propiciar inclusión social de los trabajadores; lamentablemente esto es solamente parte de un doble discurso, propio de nuestra sociedad. Se afirma lo anterior en virtud de que contrario a los mecanismos de inclusión citados, del contenido de la reforma que se menciona se desprenden infinidad de cuestiones, que materializadas a la luz de la dinámica de las relaciones laborales en México, darán al traste con la inclusión social en principio mencionada. Así las cosas, la reforma laboral que aún se discute en el congreso en lo relativo a la transparencia sindical y la rendición de cuentas, de manera alguna propiciará efectivamente la inclusión social, ya que en forma contraria a los fines y naturaleza del derecho laboral, que lo conciben como la rama del derecho social que busca establecer un marco normativo que propicie la equidad entre el trabajo y el capital; la reforma propuesta propiciará la precarización del trabajo en México, y por consecuencia, la exclusión social. En el mismo sentido, conforme a la reforma efectuada a la Constitución en materia de derechos humanos, se actualiza la presencia del pro homine o pro persona previsto por el Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que tiene como fin acudir a la norma más protectora o de mayor beneficio y a preferir y buscar la interpretación de mayor alcance en la protección de la persona para garantizar el respeto de los derechos humanos de la accionante, en la especie, respecto de su derecho humano al trabajo digno a través; principio actualizado que desde luego propiciaría la inclusión social de los trabajadores; y acorde con ello, la reforma debía a incorporar la discusión de los mecanismos eficaces para que el salario de los trabajadores se determine en términos que permitan una vida digna para el trabajador y sus dependientes; en el ámbito interno de las relaciones de trabajo, la reforma 8 debía ocuparse de establecer mecanismos eficaces para lograr que mediante la inspección del trabajo se logre la certificación de que los derechos de los trabajadores son respetados en el ámbito de la seguridad física y moral; respecto del derecho colectivo, la reforma debía ocuparse de a establecer mecanismos para evitar los contratos de protección, las huelgas promovidas por auténticos delincuentes, la verificación del destino adecuado de las aportaciones sindicales y de los beneficios económicos colectivos generados por los pactos contractuales colectivos; y en el ámbito procesal, el establecimiento de mecanismos jurisdiccionales y administrativos adecuados para lograr que la impartir ion de justicia se imparta en verdad en forma pronta y expedita. Por el contrario, la reforma propuesta constituye en realidad una reforma del mercado de trabajo con eminentes manifestaciones de un insaciable ánimo de lucro, matizado en la práctica con una evidente exclusión social de los trabajadores. Este ánimo de lucro, se visualiza con facilidad en no pocos apartados de la iniciativa, y se encuentra precedido por el hecho de que, de manera natural, existe una constante lucha de clases, sin que la misma esté determinada necesariamente por la capacidad económica de los factores de la producción, trabajo y capital; esta lucha de clases se materializa mediante la actualización de los fines de la actividad empresarial, frente a los objetivos de aquellos que prestan servicios personales subordinados; de manera lógica, el empresario busca la obtención de la mayor utilidad, mediante la menor inversión; por su parte los trabajadores, anhelan alcanzar el mayor cúmulo de salario y prestaciones por su trabajo. En ese escenario, resulta claro que una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo, nacida eminentemente del sector empresarial y respaldada por la consabida corriente globalizadora internacional, escasos beneficios otorgara al 9 sector obrero de nuestro país, y, se reitera, provocará la exclusión social de los trabajadores. De esta manera, podemos visualizar que en relación al derecho colectivo, no se han aprobado mecanismos para evitar la celebración de contratos de protección, en los que en perjuicio de los obreros, se limitan a la transcripción de los mínimos de la Ley, en desacato a la función equilibradora del derecho colectivo del trabajo; en el ámbito procesal, como muestra, se pretende limitar a un año la generación de salarios caídos derivados del despido de injustificado de los trabajadores, sin establecerse mecanismos eficaces para que la impartición de justicia laboral se dé de manera eficaz, pronta y expedita; pero donde mayormente se manifiesta el animo de lucro empresarial y la consecuente exclusión social, es en el apartado relativo a las relaciones individuales de trabajo, y particularmente en materia de estabilidad en el empleo. Eso es así, en razón de que la reforma legaliza la estrategia empresarial del outsoursing, subcontratación o suministro de personal, con lo que se busca es reducir costes laborales, específicamente en materia de salarios y prestaciones; de otorgar seguridad social, pagar utilidades, inclusive responder a las consecuencias del despido. Lo anterior, asociado a los contratos temporales, de prueba o de capacitación inicial, que propiciarán desde luego una precarización galopante del empleo, y por consecuencia, la exclusión social de los trabajadores. Es de aclarase que la presenta no es una postura radical y alarmista, ya que la misma se encuentra precedida por las amargas experiencias internacionales relativas a la implementación de la flexibilidad a nivel internacional en aras de adaptarse a la corriente globalizadora en el ámbito económico y laboral, de lo 10 que son atestes perfectos España, Italia, Irlanda, Portugal, Grecia y Francia; países donde la flexibilidad laboral no ha traído consigo mas que exclusión social para los trabajadores; sin que exista esperanza alguna, dados los antecedentes político-económicos de México, de que en nuestro país acontecerá algo diferente y favorable. III. CONCLUSIONES. ÚNICA: La reforma a la Ley Federal del Trabajo en México, solo propiciará la exclusión social de los trabajadores. BIBLIOGRAFÍA  Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Derechos del Pueblo Mexicano, México, Editorial Porrúa, 2000, Tomo XII  DE BUEN Lozano, Néstor. Derecho del Trabajo, Tomo II. Editorial Porrúa. 1999.  DE LA CUEVA, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo II, Decimotercera Edición, México, Editorial Porrúa, 2003.  Instituto de Investigaciones Jurídicas. Diccionario Jurídico Mexicano, México, 2000, Editorial Porrúa, Tomo D-H.  RAMÍREZ Reynoso, Braulio, La inspección del trabajo en México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2010,  VERA Jatobá, Inspección del trabajo en el marco de la modernización de la Administración del Trabajo, Documento de Trabajo Nº 148, OIT. LEGISLACIÓN:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  Ley Federal del Trabajo de 1931  Ley Federal del Trabajo de 1970  Estatuto de los Trabajadores (España) 11 1 Carmona Tinoco, Jorge Ulises. La reforma y las normas de derechos humanos previstas en los tratados internacionales, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3033/4.pdf.