Procuramos resumir la problemática de la Seguridad Social en los marcos de Integración Regional Dr. César A. Torres Brizuela – Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Universidad Nacional de La Rioja – Argentina.
  1. Introducción:

Procuramos resumir la problemática de la Seguridad Social en los marcos de Integración Regional, tratando de demostrar que las transformaciones ocurridas en el mundo del trabajo han profundizado la necesidad, ya natural, de coordinar las legislaciones destinadas a cubrir las contingencias sociales.

El principio de universalidad de la Seguridad Social, que impone la exigencia de proteger a todo el universo de la población de un país, encuentra graves dificultades para su realización frente a requerimientos temporales y espaciales previstos por las leyes como condición para el goce de los servicios, fundamentalmente de aquellos provenientes de la Previsión Social, como el de disponer de un mínimo de años de aportes, la determinación del país otorgante o cualquier otro mecanismo destinado al cumplimiento efectivo de los beneficios.

Si bien, todo proceso de integración supranacional lleva insito en el mismo la necesidad de dictar disposiciones destinadas a armonizar o unificar las legislaciones locales que regulan las relaciones jurídicas que exceden los espacios nacionales, la globalización y las transformaciones de los procesos productivos, hacen aún más necesaria la medida.   

  1. Presencia del Estado:

Los procesos de integración, requieren sin duda alguna, la presencia del Estado en el sentido de estar-ahí en forma dinámica y activa, institucionalizando él débito social.

El Estado como resultado de la labor creadora del hombre, debe constituirse en el ámbito natural en donde, usando su libertad, se realice como persona. El uso irresponsable de sus atribuciones y los desordenes que ocasionan estos excesos en las estructuras colectivas, no pueden ser obviadas, porque el hombre no es un ser abstracto, sino una realidad sometida a tensiones y problemas originados ya sea, como dijimos, en la conducta de otros hombres; como en acontecimientos naturales y biológicos que le adicionan cargas, que personalmente o el grupo básico social no puede afrontar en forma eficaz y oportuna.

Es la “unidad existencial”, como la denomina T. Mifsid, la que obliga a responder a todo lo humano, que se materializa a través de la función  del Estado de derecho, que la doctrina alemana especialmente Forsthoff la denomina “daseinvorsorge” traducida como “procura existencial”. Esta función del Estado la cumple desarrollando una productiva interacción entre los organismos públicos y la sociedad. Se armonizan objetivos.

Esta es la presencia que requiere la Integración de los sistemas de la Seguridad Social, no se trata simplemente de acordar formulas entre países vecinos o vinculados por factores endógenos derivados de las migraciones o la tecnología, sino de crear un espacio institucional que albergue normas comunes o similares, en el cual se pueda realizar el principio de la universalidad de la Seguridad Social.

  1. Nuevos Factores que Impulsan la Necesidad de la Integración:

Numerosas y profundas han sido las transformaciones en las relaciones laborales y cuyos efectos se han proyectado hacia la Seguridad Social. Compartimos la opinión autorizada del Prof. A. G. Ruiz Moreno en el sentido que la Seguridad Social en el futuro no puede vincularse necesariamente al trabajo subordinado y a la realidad social que impone el Derecho del Trabajo, pero los cambios han trastocado los cimientos mismos de la Seguridad Social y no podemos ignorarlos.

Las transformaciones producidas en los procesos productivos por acción u omisión de la globalización y de la revolución tecnológica, denominada también “informática”, alteraron no solo las estructuras jurídicas protectoras del trabajo subordinado, sino además al mismo Estado.

    1. Globalización:

Además de permitir la globalización, la difusión de efectos perniciosos para la actividad laboral, de la revolución tecnológica, limitó la capacidad del Estado de dar una respuesta adecuada a los problemas sociales, impulsando políticas neoliberales y postmodernistas que incluyen la destrucción de los contenidos solidarios  de la sociedad, que constituyen el basamento de la Seguridad Social. Sin un contenido axiológico, sin valores sociales, no sólo se destruye la sociedad, sino que hace imposible la integración. No se puede integrar si las piezas que deben constituir él “todo” están desunidas.

    1. Tecnología:

A la revolución informática podemos considerarla como una de las causas de la globalización y del nuevo proceso productivo de bienes y servicios. “El paquete tecnológico” esta constituido por una serie de conocimientos que provienen de distintos ámbitos científicos y técnicos; están referidos a los procesos de manufactura, sus resultados y -lo resaltamos- a la organización de la producción que se relaciona con la productividad, todo lo cual conforma el nuevo modelo productivo globalizado.

Para comprender la importancia de este fenómeno y sus efectos en la Seguridad Social, debemos poner de manifiesto que “la tecnología informática” suministra elementos tales como: la microelectrónica –chips-; el lenguaje digital; el software; el micro robot; etc. que contribuyeron a estimular los llamados “procesos productivos de manufactura flexible”, que posibilitan estrategias descentralizadoras, sean los motivos reales, ficticios, cuando no fraudulentos, pero que permiten por acción de la globalización, que las funciones críticas del proceso productivo se cumplan inmediatamente en cualquier lugar del mundo. Esta circunstancia facilita que aparezcan relaciones laborales que exceden el ámbito de la legislación local.

-   Pero además dentro de los procesos productivos globalizados y como un efecto nocivo, encontramos lo que Schupeter denomina “destrucción creativa”. Los efectos verticales y horizontales que los procesos productivos globalizados ocasionan sobre el trabajo –cualquiera fuere la modalidad que asuma- son mas desbastadores que generadores de actividades, con las consiguientes secuelas de desempleo, problema que debe ser resuelto por el país de radicación del trabajador, aunque sea ésta precaria.

-   Otro efecto que ocasiona la tecnología y la facilidad de las comunicaciones, relacionado con la movilidad de los trabajadores, es que le facilitan a las empresas remodelar sus instalaciones, reduciendo sus dimensiones; “la miniaturalización” de los establecimientos o “downsing” permite los desplazamientos geográficos en la búsqueda de menores costos operativos; el traslado de operarios calificados y el desempleo de aquellos que no les resultan útiles, que son sustituidos por otros menos costosos, radicados en el nuevo destino.

  • Los procesos de externalización o denominados “outsoursing” se cumplen tercerizando servicios o produciendo bienes en otras empresas, acción que contribuye a  desarrollar la producción fluctuante o “periférica”, en la cual la empresa central elabora sólo el núcleo del producto y el resto se prepara en pequeños establecimientos dispersos en distintos países o mediante modalidades contractuales atípicas o precarizando el empleo. En estos supuestos se elude las responsabilidades frente a la Seguridad Social y se desampara a los trabajadores.

Esta modalidad operativa y funcional que origina la estructura de un “capitalismo molecular” del núcleo y la deslocalización del resto de las actividades, como estrategia productiva, debe ser motivo de regulación normativa regional, para evitar la precarización del empleo y la evasión o elusión de las cargas sociales que ocasionan, además de los graves problemas personales, provocan el “dumping social” que afecta a toda la comunidad nacional y regional.

Sugeriríamos inclusive coordinar la legislación que regule la situación de los trabajadores denominados “parasubordinados”, “semidependientes” o “cuasilaborales” sobre todo en los aspectos relacionados con la Seguridad Social, para facilitar su inserción regional en la misma y garantizarle los beneficios.

-   Otro aspecto que el modelo productivo ocasiona, si bien no presenta aspectos prácticos, tiene una importancia fundamental para la Seguridad Social.

El trabajador como persona se encuentra sometido a los abatares que impone el modelo de sociedad postmoderna que, como se dijo, afecta a las relaciones colectivas, al imponer lo que se ha llamado la “Cultura Light”, basada en él más crudo individualismo, rechazando los valores de la solidaridad, equidad y justicia social. Exalta el egoísmo que se traduce en la expresión “sálvese quien pueda” como una manera de sobrevivir. No hay presencia del “otro” sino indiferencia. Desaparece el sustento del débito social; la solidaridad, que es la base esencial de la Seguridad Social. Sociedades desintegradas no pueden generar procesos de integración, dijimos.

  1. Convergencia de Normas Legales:

El problema de la unidad o diversidad de las normas en el espacio común, es un tema que lo insinuamos y que fue ampliamente debatido hace varios años, además de otros encuentros científicos en las jornadas Ítalo rioplatenses realizadas en Montevideo y referidas al MERCOSUR. Wojciech Swida en un reciente trabajo sostiene que no debe procurarse ni la coordinación, ni la uniformidad de las normas legales. Afirma que no resulta adecuado hablar de coordinación porque los Estados pueden disponer de distintas soluciones jurídicas, que por su diversidad no pueden ser coordinadas. Con relación a la uniformidad no la admite porque es necesario dice: “respetar la idiosincrasia legal propia de cada país miembro”. Acepta el modelo de armonización de las normas legales internas por medio directivas que deben adoptar los Consejos o Parlamentos Regionales, dirigidas a los gobiernos locales, los que deben admitir los controles supranacionales. Aconseja además, que la voluntad de los países que integran la región, se plasme en normas constitucionales destinadas a la promoción del bienestar general y que los jueces tomen éstas ideas armonizadoras para dictar sus sentencias, aplicando las leyes supranacionales.

El inconveniente del modelo que propicia Swida, es que supone un proceso de integración ya consolidado como él la Comunidad Europea y de muy difícil concreción en el estado actual de nuestras relaciones regionales. Por esa misma causa es muy difícil lograr una legislación uniforme para la región, en materia de Seguridad Social.

Propiciamos una convergencia progresiva de preceptos, destinados a crear ese espacio normativo común que permita el cumplimiento efectivo y oportuno de los beneficios sociales en su ámbito, cualquiera fuere la nacionalidad del requirente.

Este proceso de integración normativa debe iniciarse a partir de disposiciones legales comunes a los países miembros e impulsarlo sobre la base de experiencias nacionales y regionales, especialmente de la Comunidad Europea, en lo que fuere adecuada a nuestra realidad. Existen también propuestas y declaraciones de eventos internacionales que pueden ser de gran utilidad.

  1. Fuentes de Referencia:

Para lograr la convergencia de los sistemas previsionales que son los que más imponen esta exigencia, teniendo presente lo manifestado sobre la movilidad funcional y relocalización de empresas; procesos migratorios y los objetivos sociales comunes, se requieren acuerdos cuyos contenidos nos suministran las disposiciones y propuestas internacionales.

Los preceptos legales comunes a los cuales hiciéramos referencia son los convenios de la OIT que han sido ratificados por los países miembros y aquellos que disponen de normas vinculadas a la Seguridad Social como el pacto de San José de Costa Rica, entre otros.

El convenio 102 de la OIT sobre la Seguridad Social que contiene la norma mínima; el 128 sobre prestaciones de vejez e invalidez; el 121 referido a normas de actividades y su codificación; el 157 sobre el establecimiento de un sistema internacional para la conservación de los derechos de la Seguridad Social, nos proporcionan un nutrido paquete de conceptos y disposiciones, que son comunes para aquellos países que los ratificaron. Aporta también ideas, la Recomendación 167 del citado organismo.

La Unión Europea, se integró mediante el Acta Unificada Europea de 1986 y el Tratado de Maastricht celebrado en 1992 en el cual se establecieron las bases políticas y legales, esta última configura el Derecho Comunitario o “primary regulations” (normas primarias). Es importante resaltar que entre los aspectos que interesan a la Seguridad Social, el derecho comunitario impone la no-discriminación en razón de la nacionalidad de los países miembros; la libre migración interna y la obligación de crear un sistema jurídico obligatorio en la región. El art. 118 del Tratado de Roma dispone como objetivos, entre otros, normas sobre Seguridad Social y la obligación de asegurar la colaboración de los integrantes de la región, para resolver los problemas sociales. La jurisprudencia elaborada por el Tribunal Europeo a partir de las disposiciones comentadas, se ha fundado en dos principios: 1- La igualdad de los derechos de todos los habitantes de los países miembros.

2- El respeto a los derechos, dentro del marco legal de cada país.

Estos principios han sido ratificados por los arts. f) del Tratado de Maastricht y 6 del Tratado de Ámsterdam, que garantizan los derechos humanos, entre los cuales encontramos los derivados de la Seguridad Social, en los términos de la Convención Europea sobre la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, celebrada en Roma en 1950.

Asimismo podemos citar a los Reglamentos (CEE) 1408/71 y 574/72 del Consejo de la Unión Europea; el Programa TESS (telemática para la Seguridad Social); la Recomendación 92/442/CEE sobre la convergencia de objetivos y Propuesta de Reglamento del Consejo y normas complementarias.

El MERCOSUR no ha sido muy feliz en la implementación de políticas sociales comunes. El Tratado de Asunción de 1991 dispone la armonización de las legislaciones de los países miembros, pero nada dice expresamente sobre la Seguridad Social. Algunos analistas pretenden derivar la obligación de una convergencia, a partir de la que dispone el art. 1 del  Tratado que sostiene “de factores productivos y servicios”. Los propios miembros del MERCOSUR reconocieron la omisión al incorporar en el Tratado de Montevideo un Protocolo Adicional sobre las obligaciones sociales. Un proyecto de Carta Social para el MERCOSUR en 1993 no fue aprobado, el documento referido propiciaba la creación de un Tribunal de Justicia Común para la región, aunque solo con competencia laboral. En 1997 se propone la creación de un Protocolo Sociolaboral que en lo atinente a la Seguridad Social que dispone solamente referencias a la salud y al problema de las migraciones, con un mecanismo de aplicación y seguimiento, pero sin atribuciones sancionadoras. En 1998 las organizaciones empresariales manifestaron su oposición al proyecto, por lo que no se concretó.

El MERCOSUR ha creado una Comisión para el examen; comentarios de las propuestas de programas de acción y planes; consultas sobre las dificultades de la aplicación y cumplimiento de las disposiciones de carácter social; contenidas en la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR, similar a las facultades que dispone el Comité de Seguimiento de la Unión Europea, pero carece de atribuciones vinculantes para los países miembros y por lo tanto de toda eficacia.

También el MERCOSUR ha celebrado un Acuerdo Multilateral sobre seguridad social, en el cual en su art. 2 se hace un reconocimiento de los derechos de ese carácter.

Otros antecedentes sobre derecho comunitario encontramos en el Protocolo Social paralelo al Tratado del NAFTA o de Integración Americana, el ACLAM que incorpora a los países integrantes a gran parte de los Convenios de la OIT; Pero también carece de eficacia, por no contar con mecanismos de control de la aplicación de los mismos.

Debemos agregar al cúmulo de antecedentes, propuestas o conclusiones de eventos internacionales sobre la materia; en este sentido podemos mencionar la Declaración del Salvador de Bahía –Brasil- del 03/04/2004 producida por el XIV Congreso Iberoamericano de la Seguridad Social, como asimismo la Recomendación sobre los Principios Centrales de la Regulación de los Sistemas de Pensiones de Empleo, documento elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Como podemos apreciar, resulta insuficiente para lograr una autentica integración regional, impulsar únicamente mecanismos de libre comercio como el CAFTA o Tratado de Libre Comercio de América Central o un SICA - Sistema de Integración Central Americana-, inclusive el MERCOSUR, o cláusulas de Adaptación competitiva o salvaguardas, si no se incorporan expresas normativas destinadas a procurar la convergencia de las legislaciones nacionales sobre derechos sociales y la garantía de no discriminar, cumpliendo con el principio de la universalidad de las prestaciones de la Seguridad Social. Deberá crearse organismos supranacionales de contralor con atribuciones imperativas y vinculantes y tribunales regionales que procuren la aplicación de las normas comunes, respetando la dignidad de las personas y las particularidades legislativas, en ese orden.

La normativa señalada y las propuestas nos proveen de abundantes elementos para concretar la iniciativa.

Es tarea ineludible de los Estados que integran la región, promover las políticas sociales necesarias para lograr el objetivo; para nosotros reiterar con insistencia, la necesidad de una autentica integración en los términos propuestos.

RESUMEN

Afirmamos que todo proceso de integración regional, lleva implícita la necesidad de disponer normas comunes en materia de Seguridad Social, exigencia que se acentúa en razón de los efectos que la globalización y la revolución informática provocan en el mundo del trabajo. El nuevo modelo productivo, produce los fenómenos de tercerización o externalización de los servicios –outsouring- miniaturalización de los establecimientos, que contribuyen a la llamada “producción fluctuante o periférica” y al desplazamiento geográfico de los establecimientos en la búsqueda de menores costos comparativos.

Estas situaciones ocasionan desempleo y migraciones; el desarrollo de figuras contractuales atípicas o precarizadas, cuyos efectos debe afrontar el Estado a través de la Seguridad Social.

El débito social fundado en la solidaridad y la presencia de los Estados como una forma activa y dinámica de acción, deben ser los ejes por donde se desarrolle la integración regional.

Manifestamos que más que una simple armonización o coordinación de normas, debe procurarse en forma progresiva un espacio legal mínimo y común que garantice a los habitantes de la región el goce efectivo y oportuno de los beneficios de la Seguridad Social, concretando el principio de universalidad.

La presencia de normas internacionales comunes –convenios ratificados- y los aportes de experiencias de otras comunidades –la europea- adecuándolas a las realidades de nuestras regiones; mas la copiosa doctrina, nos dará el sustento para iniciar el proceso de integración regional en materia de Seguridad Social.

CURRICULUM VITAE

  1. Datos Personales
    1. Apellido y Nombres: TORRES BRIZUELA Cesar Antonio
    2. Domicilio: Pje. Los Andes 620 – La Rioja – Argentina – part. Buenos Aires 521 – La Rioja – Argentina.
    3. Correo Electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
    4. Teléfonos: 03822 – 424074 – Tel.Fax: 03822-439034.

  1. Títulos
    1. Abogado
    2. Postgrado: “Planificación para el Desarrollo” – OEA.
    3. Postgrado: “Especialización en Derecho Publico”.

  1.  Cargos Administrativos Desempeñados
    1. Director General de Relaciones Laborales de  La Rioja.
    2. Secretario de Estado de Trabajo de La Rioja.

  1.  Cargos Docentes que Desempeña
    1. Profesor Titular Efectivo de Derecho Laboral y Seguridad Social Universidad Nacional de La Rioja.
    2. Profesor Titular de Teorías y Sistemas Públicos del I.F.D.C. Albino Sánchez Barros.

  1.  Asociaciones Científicas a las que pertenece
    1. Miembro Titular de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo.
    2. Miembro titular de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.
    3. Miembro de la Academia Latinoamericana de Derecho Procesal del Trabajo.

  1.  Distinciones Recibidas
    1. Huésped distinguido del Municipio de San Juan de Puerto Rico por los Aportes al Derecho del Trabajo.
    2. Asesor Académico de la Universidad San Martín de Porres – Lima – Perú.
    3. Profesor Visitante Universidad Tecnológica de Lima – Perú.
    4. Condecorado con la Orden “Labor Omnia Vincit” por la Trayectoria Académica y Profesional en el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.

  1.  Ponente Oficial

     En Congresos realizado en Buenos Aires, Lima, México, etc.

  1.  Expositor y Asistente

    Numerosos Congresos de Especialidad.

  1.  Publicaciones

    En revistas especializadas y participación en Libros sobre la materia y en Anales de los eventos que asistió en América y Europa.