EXPOSITOR

DR. CASSIO MESQUITA BARROS

BRASIL

   

LA SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES

    I. INTRODUCCIÓN La migración humana siempre existió en nuestro planeta. El hombre primitivo era esencialmente nómade y empezó a cambiar su fijación en los lugares de tierras propicias para la siembra con el surgimiento de las primeras técnicas agrícolas. Desde el punto de vista jurídico, el problema de la inmigración, como sucede actualmente, no existía hasta el período de la descolonización, en el siglo XX, de los países asiáticos y africanos, cuando esos pueblos empezaron a querer vivir en los países europeos, en realidad, que los habían colonizado en el siglo XIX. La migración tomó otra dimensión con el adviento de la globalización, sobre todo en el período entre 1985 y 2000. Cabe recordar que los movimientos migratorios son tanto externos, de un país al otro, como internos, que suceden en países que ocupan extensos territorios y de realidades distintas. Hay estimativas en el sentido de que el movimiento migratorio internacional, que era de 200 millones en 2000, pasó a 214 millones de personas en 2008, el equivalente al 3,1% de la población mundial. Son 15,4 millones de refugiados y 27,5 millones de desplazados internos, ambos en 2010. (Información disponible en: < http://www.iom.int/jahia/Jahia/about- migration/facts-and-figures/global-estimates-and-trends >, acceso en junio de 2012). Las principales causas de los movimientos migratorios suceden de los países subdesarrollados o en desarrollo a los países desarrollados en carácter temporal, a los países en desarrollo - son las situaciones sociales y económicas desfavorables en la patria de origen, el consecuente desempleo, mayores oportunidades en la patria de destino, cataclismos naturales, persecución política, social o religiosa, violencia, guerra, etc. 3 II. IMPACTOS DE LA MIGRACIÓN. Son innumerables las consecuencias del movimiento migratorio, tanto en los países de origen como en los de destino. Primero, los cálculos han sido en el sentido de que en 2010 se hacían transferencias del orden de US$ 440 mil millones de dólares de los países de residencia a los respectivos países de origen, siendo US$ 325 mil millones a los países en desarrollo (Información en: < http://www.iom.int/jahia/Jahia/lang/en/pid/241 >. acceso en junio de 2012). Debido a la gran captación de divisas en el exterior, no hay ningún interés de los Estados de origen en intentar disminuir la salida de sus nacionales. Eso sin decir de la “desnecesidades”, según la óptica inmediatista, de invertir en políticas sociales y en la consecuente disminución de gastos en esa área. Por otro lado, la política de recepción de migrantes por parte de los países desarrollados, que siempre atrajo trabajadores menos cualificados y que llegó a su auge hasta los años 20 en Estados Unidos y del postguerra a fines de los años 60 en los países europeos más ricos, se sustituía por una política restrictiva de admisión de inmigrantes. La caída siempre creciente de los empleos en los países desarrollados hace con que eses países no quieran recibir más trabajadores, especialmente aquellos en condiciones socioeconómicas desfavorables y con bajo nivel educacional y profesional, pues eso impulsaría una crisis social interna (exceso de mano de obra, sueldos reducidos, aumento del costo de las políticas sociales, eventual aumento de la criminalidad, situaciones muy favorables para la violación de los derechos humanos de esos inmigrantes). Hoy lo que se observa son inmigraciones ilegales de aquellos que no encuentran condiciones de trabajo en su país de origen. Existe, pues, una rigorosa selectividad en términos de migración por parte de los países desarrollados, que admiten apenas a los profesionales más preparados en términos personales y profesionales. 4 III. LA CUESTIÓN DE LA SOBERANÍA A partir del siglo XVI, época de las primeras colonizaciones, los limites de la soberanía, que están representados por el contrapunto entre autodeterminación individual y autodeterminación colectiva, han sido uno de los temas más discutidos del Derecho Internacional. En aquel período a los colonizadores les interesaba defender el amplio derecho de ir y venir, de comercializar mercaderías y de establecerse en los territorios colonizados. Aunque aun al comienzo del siglo XX la libertad de ir y venir haya sido ampliamente reconocida, inclusive con la liberación del uso del pasaporte, esta situación empezó a cambiar a partir de la 1ª guerra mundial, cuando el propio pasaporte, la creación de tasas aduaneras, las visas de entrada, permanencia y salida de extranjeros, más allá de los limites de la inmigración, todos elementos típicos de la soberanía nacional, pasaron a exigirse. Internacionalistas defienden el derecho de todo Estado soberano de regular, de la manera que consideren conveniente, la admisión y expulsión de extranjeros, aunque sea de forma restrictiva, para que el rechazo del extranjero no se interprete por el Estado del cual el inmigrante era nacional como una actitud hostil por parte del Estado de destino. IV. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS: CLASIFICACIÓN. Hay dos especies de migración: 1. La definitiva, cuando la persona, que va a un Estado distinto de su Estado de origen, con el intuito de permanecer allí en carácter definitivo; 2. La provisoria, cuando el inmigrante tiene la intención de permanecer en el Estado receptivo por un cierto período, en un trabajo por un 5 determinado plazo, pero teniendo la intención de volver al país de origen. Además, las migraciones pueden ser: 1. Voluntarias, cuando las personas eligen migrar, por deliberación propia, sin la interferencia de cualquier factor externo, en la búsqueda de una situación social y económica más favorable y de mayores oportunidades de empleo. La migración será regular o irregular, de acuerdo con el cumplimiento o no de los requisitos legales previstos en la legislación del país de destino. 2. Forzadas, cuando hay la interferencia de un elemento externo para justificar la migración, siendo prácticamente pequeña o nula la libertad de elección del individuo. La migración forzada abarca un número amplio de situaciones, valiendo destacar las siguientes modalidades: a) el refugio, que es la situación más común, sucede, según la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, cuando determinadas personas se ven obligadas a abandonar sus países de origen o de residencia habitual motivadas por el temor de persecución, en consecuencia de su nacionalidad, raza, opinión política, religión o por pertenecer a un determinado grupo social. El refugio también puede suceder, en el caso de América Latina, por una generalizada y grave violación de los derechos humanos. La Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 disponen sobre los derechos de los refugiados y de los solicitantes de refugio y sobre los deberes de los Estados con relación a ellos. Esos instrumentos internacionales también prevén la protección de otras personas (reasentados, apátridas y retornados) que están bajo el mandato del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para Refugiados; b) los denominados desplazados o refugiados ambientales, que son aquellos que, en virtud de problemas ambientales, sobre todo 6 cambios climáticos, se ven en la contingencia de desplazarse a otro país. Hay un cuestionamiento acerca de la situación de que esas personas se puedan encuadrar en la condición de refugiados, lo que parece no justificarse, por faltarles el requisito fundamental de la persecución; c) cuando personas se desplazan dentro de su propio país en consecuencia de accidentes ambientales, graves violaciones de los derechos humanos o conflictos armados. Continúan bajo protección de su propio país, siendo que la protección internacional sucede apenas en situaciones especiales. Vale recordar que la Constitución de la Organización Internacional para Migraciones dispone, separadamente, sobre los migrantes, los refugiados y otras personas que necesitan los servicios internacionales de migración, cuando dice: “Article 1 The purposes and functions of the Organization shall be: to make arrangements for the organized transfer of migrants, for whon existing facilities are inadequate or who would not otherwise be able to move without special asistance, to countries offering opportunities for orderly migration; to concern itself with the organized transfer of refugees, displaced persons and other individuals in need of international migration services for whon arrangements may be made between the Organization and the States concerned, including those States undertaking to receive then [...]” Esa distinción evidencia la forma de protección que necesitan los migrantes forzados y los voluntarios, tomando en cuenta las respectivas peculiaridades. Además, como es amplia la gama de migraciones forzadas, es fundamental identificar aquellas que pueden tener protección asegurada en su propio país de origen y de residencia de otras, que no se podrán socorrer con tal protección, para que se busque un perfeccionamiento según las necesidades de cada especie de migración. 7 V. LA ONU Y EL TRABAJADOR MIGRANTE De acuerdo a lo anteriormente expuesto, hasta el comienzo del siglo XX, muchos países no adoptaban ninguna distinción entre sus nacionales y los extranjeros, siendo común la libre circulación de personas y hasta incentivada por el apoyo de los gobiernos para fines de colonización de los territorios conquistados, aunque ya hubiera casos de persecuciones a extranjeros. La Primera Guerra Mundial trajo cambios, estableciendo una distinción entre los derechos de nacionales y de los extranjeros. En ese período comenzó la formación del derecho internacional de los refugiados, en la Liga de las Naciones. La Segunda Guerra Mundial señaló la cuestión de los apátridas, además de un gran desplazamiento de personas, que quedaron imposibilitadas de volver a su lugar de origen y se consideraron como refugiados. Ante la grave situación, la comunidad internacional se vio en la contingencia de proteger a los refugiados y a los apátridas a través de la creación del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) y de la celebración de tratados internacionales, como la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre refugiados, y las Convenciones de 1954 y 1961, ambas sobre apátrida. Vale recordar que tanto la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art.13), como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, (art. 8º), ambas de 1948, establecen que todo hombre tiene derecho a la libertad de locomoción y de fijar residencia dentro de las fronteras de cada Estado, así como el derecho de dejar cualquier país, inclusive el propio, y la de regresar. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 14) dispone sobre el derecho de toda persona víctima de persecución de buscar y tener asilo en otros países. En 8 ese mismo sentido está el art. 12 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, de 1966. La Convención Internacional de Protección de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familias, de 1990, entró en vigor apenas el 1º de julio de 2003. Por su contenido esencialmente laboral, esta Convención será objeto de estudio en un capítulo propio. La Conferencia Internacional de la ONU sobre Población y Desarrollo, realizada en el Cairo, en 1994, innovó al vincular por primera vez en un documento internacional las verdaderas causas de la migración (pobreza, guerra, degradación del medio ambiente, desempleo, desequilibrios económicos internacionales, violaciones de derechos humanos, etc.). Además del establecimiento de un programa de acción para alcanzar los objetivos definidos en la propia Conferencia, el documento dispone, de forma separada, sobre las bases de acción en lo que se refiere a los migrantes documentados y no documentados. Además de resaltar que la migración regular es ventajosa porque los migrantes generalmente están en la edad más productiva y poseen la cualificación profesional necesaria para el país de acogida, el documento pretende, con relación a los migrantes documentados, entre otras medidas: a) asegurar su integración en la sociedad receptora, incluida la concesión de derechos civiles y políticos para los inmigrantes con derecho a residencia prolongada, así como facilitar su naturalización y de sus hijos criados en el país de destino; b) eliminar prácticas discriminatorias; c) atender las necesidades especiales de los migrantes temporales. En lo que se refiere a los inmigrantes no documentados, el programa de acción entiende que los Estados tienen el derecho soberano de establecer los requisitos para entrada y permanencia en su territorio, evitándose, sin embargo, actuaciones políticas racistas o de xenofobia (Ítem 10.15, punto C). Prevé también la necesidad de asegurar a los inmigrantes no documentados la protección internacional, si necesitan de ella, como el derecho de asilo. 9 Estimula a los Estados a prevenir la explotación de los migrantes no documentados, condenando la práctica de castigo mayor que la deportación, especialmente en el país de origen, que tiene la obligación de aceptar el retorno de esos migrantes (Ítem 10.20). A pesar de ese intento de protección, lo que sucede de hecho es que la situación irregular de muchos de esos migrantes no permite la efectuación de sus derechos civiles, económicos, políticos, sociales y culturales, por convivir con el temor de que sean localizados por las autoridades y quedar sujetos a la aplicación de medidas para el retorno a su país de origen. VI. LA OIT Y EL TRABAJADOR MIGRANTE La OIT se preocupa hace mucho con la situación del trabajador migrante y de sus familias. El § 3º considerando del Preámbulo de la Constitución de la OIT resalta la importancia de que se establezcan derechos mínimos a los trabajadores por una organización internacional, para que se les asegure la dignidad y se solucionen varios de los problemas mundiales, entre ellos el de la inmigración indeseada. Antes hasta de la creación de la ONU y del adviento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la OIT se preocupaba con los trabajadores empleados en el extranjero y defendía la necesidad de mejora de la situación de esos trabajadores por los Estados, lo que se concretizó con la aprobación de las Convenciones Internacionales nº 19 y 97. La Convención nº 19, de 1925, que dispone sobre la igualdad de tratamiento entre trabajadores extranjeros y nacionales en el caso de accidentes de 10 trabajo, fue ratificada por 120 países. No fue ratificada, entre otros, por Paraguay y Estados Unidos. La Convención nº 97 (revista), de 1949, sobre trabajador migrante, se revió en junio de 1949 y Brasil la ratificó en junio de 1965 y varios otros países de la Unión Europea. No ratificaron la Convención, entre otros, Canadá y EE.UU., así como la mayoría de los países de América del Sur, con excepción de Brasil y Uruguay, que la ratificaron. La Convención conceptúa, en su art. 11, al trabajador migrante como siendo la “persona que emigra de un país a otro con miras a ocupar un empleo que no sea por cuenta propia”, estando excluidos de ese concepto el trabajador fronterizo, los marítimos y los artistas y profesionales liberales que permanezcan en el país por poco tempo. Disponiendo solamente sobre la inmigración legal, estableció punición para los traficantes de mano de obra clandestina (Anexo I, art. 8º, Anexo II, art. 13). La Convención nº 97 le dio un nuevo tratamiento a la cuestión de la migración, estableciendo una serie de obligaciones a los Estados Partes signatarios de la Convención y asegurando los siguientes derechos al trabajador migrante: a) instalación en cada Estado de un servicio de auxilio de informaciones correctas al trabajador migrante, a fin de combatir la propaganda engañosa sobre la migración; b) información, por escrito, antes de la partida, sobre las condiciones contractuales; c) facilitación de su salida, inclusive con la gratuidad del procedimiento de inmigración; d) verificación en la entrada y salida de su territorio del estado de salud de los trabajadores, propiciando condiciones para un viaje adecuado; e) no discriminación; f) igualmente de tratamiento del trabajador migrante con relación al nacional en lo que se refiere a la filiación sindical, remuneración, 11 seguridad social, habitación, mantenimiento de los derechos adquiridos, etc.; g) no repatriación por motivo de enfermedad o accidente de trabajo o no concretización del empleo anteriormente ofrecido; si sucede esta última hipótesis, el Estado receptor debe responsabilizarse por su recolocación profesional o asegurar su retorno al país de origen, si esto deriva de su propia elección; h) garantía de giros de divisas al exterior; i) exención de impuestos aduaneros, ya sea en el ingreso, ya sea en el retorno, de herramientas de los trabajadores y sus familiares, además de los objetos personales (Anexo III, arts. 1º y 2º). La Convención nº 97 establece dos modalidades de inmigración: 1. colectiva, proveniente de acuerdos de migración entre Estados Parte; 2. individual, que no deriva de esos acuerdos. Además de estimular la inmigración como un medio para alcanzar el pleno empleo en nivel mundial, lo que tendería a disminuir el déficit internacional entre demanda y oferta de empleos, esta Convención estimula la inmigración acordada en alianza entre los Estados emisores y los de destino de mano de obra. La Convención nº 97, de 1949, se ratificó en Brasil el 18 de junio de 1965. La Convención nº 118, de 1962, vigente en Brasil desde el 24 de marzo de 1970, dispone sobre igualdad de tratamiento entre trabajadores nacionales y extranjeros en lo que se refiere a los requisitos de admisión y tratamiento de cuestiones relativas a la seguridad social. La Convención 132, complementada por la Recomendación nº 151, del 24.6.75, buscó actualizar las Convenciones nºs 97 y 111, alegando que la Convención nº 97 no trató del impase posteriormente instalado, sobre todo por el crecimiento desordenado de la migración, del tráfico de mano de obra y de la búsqueda del pleno empleo. 12 La Convención nº 143, del 04.06.1975, sobre inmigraciones efectuadas en condiciones abusivas y sobre la promoción de la igualdad de oportunidades y de tratamiento de los trabajadores migrantes, está dividida en dos partes: la primera sobre migraciones abusivas; la segunda sobre igualdad de oportunidades y de tratamiento. Se facultó a los Estados, al ratificarla, poder excluir una de las partes. Brasil no ratificó la Convención nº 143, lo cual lo hicieron pocos países (alrededor de 18). Entre los países que reciben el mayor número de migrantes brasileños, apenas Portugal e Italia ratificaron la Convención nº 143. Establecida una comparación entre la Convención nº 66, de 1939 (revista por la Convención nº 97, de 1949) y la Convención nº 143, de 1975, se verifica que las perspectivas son totalmente distintas. Mientras la primera disponía sobre la responsabilidad de los Estados Partes por la recolocación profesional y/o costeo de los gastos del trabajador inmigrante con su retorno al país de origen, la Convención nº 143 ya presenta un contexto bastante semejante al actual. En su art. 1º dispone que la inmigración debería considerar las necesidades y consecuencias económicos sociales y los recursos de mano de obra, a curto y longo plazo, en el país de origen y en el país de destino, tanto para los migrantes como para las comunidades interesadas. Tratando por primera vez de la cuestión de las inmigraciones irregulares, la Convención nº 143 estimula la regularización de esos trabajadores, estableciendo, en el art. 3º, punición tanto para los traficantes de mano de obra como para los empleadores que empleen a trabajadores en condiciones ilegales. El art. 8º asegura que “desde que haya residido legalmente en el país con fin de empleo, el trabajador migrante no se podrá considerar en situación ilegal o irregular por la simple pérdida de su empleo, lo cual por si solo no deberá 13 acarrear la revocación de su autorización de residencia o, eventualmente, de su autorización de trabajo” (ítem 1); debiendo, por lo tanto, tener un “tratamiento igual al de los nacionales, especialmente en el que se refiere a las garantías relativas a la seguridad de empleo, a la reclasificación, a los trabajos de recurso y a la readaptación” (ítem 2). Establece el art. 9º: 1. Sin prejuicio de las medidas destinadas a controlar los movimientos migratorios con fines de empleo, garantizando que los trabajadores migrantes entran en el territorio nacional y ahí son empleados en conformidad con la legislación aplicable, el trabajador migrante, en los casos en que la legislación no se haya respetado y en los cuales su situación no se pueda regularizar, deberá beneficiar personalmente, así como a su familia, con tratamiento igual en lo que se refiere a los derechos derivados de empleos anteriores con relación a la remuneración, a la seguridad social y a otras ventajas. 2. En el caso de contestación de los derechos previstos en el párrafo anterior, el trabajador deberá tener la posibilidad de hacer valer sus derechos ante un organismo competente, ya sea personalmente, ya sea a través de sus representantes. 3. En el caso de expulsión del trabajador o de su familia, ellos no deberán costearla. 4. Ninguna disposición de la presente Convención impedirá que los Estados Miembros concedan a las personas que residen o trabajan ilegalmente en el país el derecho de permanecer en él y ser legalmente empleadas.” Los arts. 8º y 9º han sido objeto actualmente de un intenso debate, porque muchos países están actuando contrariamente a tales dispositivos, a fin de limitar la inmigración o adoptar un sistema de permanencia temporal en el 14 país de empleo. Lo que efectivamente sucede en los días de hoy, contrariamente a lo que dispone la Convención nº 143, es la penalización del trabajador, con su deportación, en el caso que pierda el empleo o trabaje en situación irregular. Tal hecho, infelizmente, facilita la conducta abusiva por parte del empleador, una vez que la permanencia en el país está condicionada al mantenimiento de un determinado vínculo de empleo. Si, por acaso, pierde su empleo y ello acarrea la casación de su visa de trabajo o residencia, el trabajador no tendrá como reclamar, por ejemplo, el pago de sus sueldos. Infelizmente, se verifica que la Convención nº 143, de 1975, tiene un número bajo de ratificaciones por el mismo motivo que sucedió con la Convención de las Naciones Unidas sobre Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias, de 1990: el intento de limitar la inmigración. VII. LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LA ONU SOBRE PROTECCIÓN DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRANTES y SUS FAMILIAS Esta Convención tiene por objetivo garantizar los derechos humanos fundamentales a todos los migrantes, legales o ilegales, y de sus familias. Teniendo por base los principios establecidos por la ONU contra tratamientos ofensivos a la dignidad humana y las innumerables convenciones de la OIT, sobre todo las número 97, 143 y 151, esta Convención es contraria a los reclutamientos ilegales y clandestinos y a la admisión, por empleadores, de trabajadores inmigrantes en situación irregular. Actualmente vigora el concepto de trabajador migrante que figura en la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares”, que también abarcó a los trabajadores fronterizos. 15 La Convención Internacional sobre Protección de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias conceptúa las diversas situaciones de trabajadores migrantes, en su art. 2º, a saber: 1. la expresión ‘trabajador migrante’ designa la persona que va a ejercer, ejerce o ejerció una actividad remunerada en un Estado del cual no es nacional. 2. a) la expresión ‘trabajador fronterizo’ designa el trabajador migrante que conserva su residencia habitual en un Estado vecino al cual regresa, en principio, todos los días o, por el menos, una vez por semana; 2. b) la expresión ‘trabajador estacional designa el trabajador migrante cuja actividad, por su naturaleza, depende de condiciones estacionales y sólo se realiza durante una parte del año; 2. c) la expresión ‘marítimo’, que abarca a los pescadores, designa el trabajador migrante empleado a bordo de un barco matriculado en un Estado del cual no es nacional; 2. d) la expresión ‘trabajador en una estructura marítima’ designa el trabajador migrante empleado en una estructura marítima que se encuentra bajo la jurisdicción de un Estado del cual no es nacional; 2. e) la expresión ‘trabajador itinerante’ designa el trabajador migrante que, teniendo su residencia habitual en un Estado, tiene que viajar a otros Estados por períodos cortos, debido a la naturaleza de su ocupación; 2. f) la expresión ‘trabajador vinculado a un proyecto’ designa el trabajador migrante admitido en un Estado de empleo por tiempo definido para trabajar únicamente en un proyecto concreto conducido por su empleador en ese Estado; 16 2.g) la expresión ‘trabajador con empleo específico’ designa el trabajador migrante: (i) Que haya sido enviado por su empleador, por un período limitado y definido, a un Estado de empleo para ahí realizar una tarea o función específica; o (ii) Que realice, por un período limitado y definido, un trabajo que exige competencias profesionales, comerciales, técnicas o altamente especializadas de otra naturaleza; o (iii) Que, a pedido de su empleador en el Estado de empleo, realice, por un período limitado y definido, un trabajo de naturaleza transitoria o de corta duración, y que deba dejar el Estado de empleo al expirar el período autorizado de residencia, o antes, si deja de realizar la tarea o función específica o el trabajo inicial; 2.h) la expresión ‘trabajador independiente’ designa el trabajador migrante que ejerce una actividad remunerada no sometida a un contrato de trabajo y que gana la vida a través de esta actividad, trabajando normalmente solo o con miembros de su familia, así como el trabajador considerado independiente por la legislación aplicable del Estado de empleo o por acuerdos bilaterales o multilaterales.” También impone obligaciones a los Estados que envían y a los Estados de acogida de migrantes. En el ámbito laboral, asegura, en su art. 26, igual tratamiento entre el migrante trabajador y el nacional en lo que se refiere a la libertad y actuación sindical y en su art. 27, con relación a la Seguridad Social. Establece aún mecanismos para la solución de controversias y de seguimiento del cumplimento de la convención. 17 Infelizmente, a pesar de ser muy amplia y de constituir una convención modelo de codificación universal de los derechos de los trabajadores migrantes en el ámbito de la ONU, más actualizada que las Convenciones de la OIT, debido a los principios que ella establece, que contrarían las políticas de restricción a la inmigración de los países receptores, hay un bajísimo número de ratificaciones, además de una lentitud en los procedimientos para las ratificaciones. Esa realidad ignora no solo los llamados “nuevos derechos” de los inmigrantes, sino también principios ya consagrados en diversos instrumentos internacionales de la ONU y de la OIT en esa materia. VIII. LA UNIÓN EUROPEA Y EL TRABAJADOR MIGRANTE. En la Comunidad Económica Europea ya había un gran movimiento migratorio entre sus Estados Miembros, antes hasta de la creación de la Unión Europea. Así es que tras la segunda guerra mundial, los países más industrializados pasaron a necesitar mano de obra extranjera. Es el caso de Alemania y Francia, que celebraron acuerdos para la admisión de trabajadores bajo ciertas condiciones, cuando entonces se admitieron muchos portugueses y españoles. En Reino Unido también hubo, en ese período, una política de aceptación de inmigrantes por períodos limitados, primeramente originarios de la propia Europa e, posteriormente, de los países integrantes de la Commowealth británica. Sin embargo, la situación se invertió a partir de los años 70. Los países más desarrollados de Europa no necesitaban más suplir sus necesidades con mano de obra extranjera. Además, los problemas económicos derivados de la crisis de abastecimiento de petróleo de 1973 y 1979 hicieron con que los migrantes acudieran a Europa en gran número con la intención de permanencia, contrariamente a lo que sucedía con los inmigrantes de las 18 décadas de 50 y 60, que querían ir a trabajar por determinado tempo para después retornar a sus países de origen. Los migrantes pasaron a ser vistos entonces como una amenaza. El tercer hecho histórico a destacar es que con el desarrollo de la Comunidad Europea, un gran volumen de migrantes de otros continentes, con razas y religiones diversas de las de Europa, acudieron allá y también pasaron a no ser más deseados hasta por los países menos desarrollados o recién ingresados en la Comunidad. Además, el fin de la Unión Soviética, la caótica situación económica de los Estados que anteriormente la componían y las guerras civiles entre las distintas naciones de la ex Yugoslavia acarrearon, después de 1989, un amplio movimiento de inmigración a Europa, en la búsqueda de trabajo, pero también de refugio y asilo político. Alemania, por ejemplo, prevé en su Constitución de 1949, en el art. 16, asilo para refugiados políticos. Según Catherine Barnard, “en 1995 ya existían 12 millones de migrantes en la Comunidad Europea buscando empleo fuera de sus países, siendo el 40% de estos migrantes de otros Estados miembros de la Comunidad y otro 60% de fuera de la propia Comunidad.” (Firmino Alves Lima, “Os direitos humanos dos migrantes”, in Antonio Rodrigues de Freitas Junior, Direito do trabalho e direitos humanos, São Paulo, BH Editora e Distribuidora de Livros, 2006, p. 256). Es importante notar, según Bruno Mascimbene, que, aunque no exista una política única, “sino apenas una tradicional y condicionada cooperación entre los Estados, que exige una ratificación de las normas ya existentes para que se lleven a efecto posiciones y acciones comunes”, es cierto que la creación de la Comunidad Europea, y, posteriormente de la Unión Europea, imprimieron una nova configuración a la circulación entre los Estados miembros, permitiendo la migración de personas para trabajar en las más diversificadas especies de actividades (Firmino Alves Lima, “Os direitos humanos dos migrantes”, in Antonio Rodrigues de Freitas Junior, Direito do 19 trabalho e direitos humanos, São Paulo, BH Editora e Distribuidora de Livros, 2006, p. 256). Vale recordar que la circulación de trabajadores dentro de un bloque regional no supone simplemente el desplazamiento de un país a otro, sin restricciones de tránsito, sino un desplazamiento que excluya cualquier restricción al ejercicio de la actividad profesional, bajo la protección de las leyes del trabajo. Vale recordar que la libre actividad profesional en un bloque abarca tres derechos fundamentales, a saber: el derecho a la libre circulación de los trabajadores subordinados, el derecho de establecimiento de los trabajadores autónomos y el derecho a la libre prestación de servicios. Esa protección tendrá que ser una protección también en el sentido operacional, es decir, de ejercicio de las actividades sindical, de protección accidentaría, de acceso habitual a la educación, con los complementos de tratamiento idéntico dado al trabajador local. El gran principio que regía la actuación de la Comunidad Europea en materia de política social era el de la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores por la vía del progreso económico (art. 117 del Tratado de la Comunidad Europea). La problemática del empleo era una preocupación constante en la vida de esa institución. Por eso, el Tratado de Maastrich introdujo substanciales modificaciones en el Derecho del Trabajo, destacándose, entre otras, la ampliación de las aplicaciones del Fundo Social Europeo para la mejora de las posibilidades de empleo, de la elevación del nivel de vida y de formación profesional de los trabajadores, la facilitación de la movilidad geográfica y profesional. En su art. 39, el Tratado de Roma, que creó la Comunidad Económica Europea, después transformada en la Comunidad Europea, a través de un criterio económico, garantía la libre circulación y el derecho fundamental de vivir y trabajar en el Estado miembro de su elección. Tratados, Reglamentos, Directivas del Consejo, Recomendaciones de la Comisión, además de la jurisprudencia, pasaron a ocuparse con la libre circulación de trabajadores en la Comunidad Europea 20 El Tratado de Maastrich, que creó la Unión Europea en 1992, otorgó, a través de un criterio político, una ciudadanía comunitaria. Varios protocolos fueron anexados al Tratado de Maastrich, que lo complementan en materias específicas o características de determinados Estados. El Acuerdo sobre Derecho del Trabajo, celebrado entre los Estados Miembros de la CE - que dejó de ser firmado apenas por Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte – se incorporó, bajo la forma de Protocolo sobre Política Social, al Tratado de Maastrich. Ese Acuerdo contiene disposiciones sobre la participación y el diálogo entre los interlocutores sociales, en el ámbito comunitario. Sin embargo, debido a posiciones divergentes y a la ausencia de voluntad política, normas internacionales no acompañan la tendencia de aumento de la inmigración, según Cristiane Maria Sbalqueiro Lopes: “Actualmente, al mismo tiempo en que aumenta la inmigración de ciudadanos de países periféricos para el primer mundo, prácticamente desaparece del escenario internacional cualquier intento de establecer una normativa común al respecto de la inmigración. Eso se debe, ante la evidente divergencia de posiciones entre países periféricos y centrales, al hecho de que es políticamente inviable la adopción de novas Convenciones Internacionales que agraden a todas las partes. Hasta en el nivel sectorial, dentro de grupos de países centrales (que en teoría tendrían los mismos intereses), hay divergencias o falta de voluntad política para adoptar una postura común (...). Lo que sí representa una tendencia concreta es la progresiva extensión del régimen de libertad de circulación a los bloques económicos regionales. Así ya sucedió con Europa (dentro de las fronteras de la Unión Europea cada vez se avanza más con relación 21 a la libertad de circulación y estabelecimiento) y en ese camino sigue el Mercosur. Sin embargo, está claro que la formación de bloques regionales no soluciona la necesidad de un derecho internacional en materia de migraciones, pues mientras el mundo se divida en “bloques regionales” habrá la posibilidad, al menos teórica, de que personas de países que no pertenecen al bloque emigren a tal bloque.” (Derecho de inmigración: el Estatuto del Extranjero en una perspectiva de derechos humanos, Porto Alegre, Núria Fabris Ed., 2009, p. 254-5). Esa realidad está comprobada por la legislación actual y otras aun en tramitación en la Unión Europea. Por la Decisión 5757/2007/CE del Parlamento y del Consejo, del 23 de mayo de 2007 (Diario Oficial de la Unión Europea, del 06 de junio de 2007, L 144/45), se creó el Fondo Europeo para el Retorno/Período 2008-2013, como integrante del Programa General Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios, cuja dotación presupuestaria es de 676 millones de euros para el quinquenio. Se puede citar aun la denominada Directiva de Retorno, ya aprobada, que dispone sobre la repatriación de nacionales de países terceros en situación irregular, estableciendo reglas mínimas de procedimientos de respeto a la dignidad humana para evitar un tratamiento deshumano a los inmigrantes a repatriar. Medidas coercitivas se deberán regir por los principios de la razonabilidad y proporcionalidad. Prevé, aun, penalidades a los inmigrantes irregulares, tales como prisión preventiva, prohibición de retorno por hasta cinco años, etc. Siendo más favorables, se aplicarán las normas relativas a la materia, integrantes de acuerdos bi o multilaterales celebrados entre la Unión 22 Europea o sus Estados miembros con uno o más países terceros, debiendo suceder lo mismo con Directivas específicas sobre refugiados o víctimas de tráfico de personas. La Directiva de Retorno garantiza apoyo judicial al migrante que no posea recursos suficientes para costear el proceso y el derecho de recurso, con efecto suspensivo, a un órgano jurisdiccional contra las decisiones tomadas a favor del regreso. Entre los proyectos, vale recordar la directiva denominada “Directiva que establece sanciones aplicables a los empresarios de residentes ilegales nacionales de terceros países”, que propone la adopción de medidas preventivas, tales como la obligación del empleador de conferir y guardar una copia de la autorización de residencia del trabajador migrante, así como notificar a las autoridades competentes en el inicio de su prestación de servicios. Todas las modalidades de empleadores (persona físicas y jurídicas), inclusive el empleador doméstico, estarán sometidas a esa directiva. Cada Estado miembro de la Unión Europea deberá realizar campañas para la divulgación de las consecuencias, para los empleadores, derivadas del incumplimiento de la directiva, como, por ejemplo, el pago de sueldos pendientes, de multas, de las contribuciones sociales y respectivas multas, así como de los gastos de repatriación. Practicará infracción penal el empleador que contrate un migrante sabiendo que él es víctima del tráfico de personas. Para controlar la inmigración ilegal, los Estados Miembros de la Unión Europea deberán estructurarse para que por lo menos el 10% de sus empresas estén sujetas anualmente a la fiscalización. 23 IX. EL MERCOSUL Y EL TRABAJADOR MIGRANTE La idea de una integración económica de los países de América Latina surgió al comienzo de la década de 50, con CEPAL (Comisión Económica para América Latina y Caribe) y el Pacto Andino (1969). Brasil ya había manifestado su vocación integracionista al participar de otros procesos de integración, todos precursores del MERCOSUR, como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), creada en 1960, que se transformó en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), en 1980. La Constitución brasileña de 1988 en vigor refuerza la vocación integracionista brasileña en el párrafo único del art. 4º: “La República Federativa de Brasil buscará la integración económica, política, social y cultural de los pueblos de América Latina, teniendo como objeto la formación de una comunidad latinoamericana de naciones.” Teniendo por objetivo promover la integración latinoamericana, se firmó, el 26 de marzo de 1991, el Tratado de Asunción, en Asunción, capital del Paraguay, instituyendo el Mercado Común del Cono Sur - Mercosur, entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Las relaciones de trabajo dentro del Mercosur tienen características y problemas que habrá que enfrentar. Consideradas las características de cada Estado Parte, ¿cuál es el mejor camino: unificar, armonizar o coordinar las legislaciones nacionales? A nuestro ver, la armonización de las legislaciones parece que es el camino más adecuado, hasta porque el art. 1º del Tratado de Asunción establece que, para la conformación del mercado común, los países deberán, entre otros procedimientos, armonizar sus legislaciones para permitir una unión cada vez más estrecha entre los Estados Partes. Para llegar a la armonización son fundamentales tres requisitos: 1. disminución de la soberanía; 24 2. compatibilización de las normas imperativas y de orden público de cada uno de los Estados Partes del bloque regional; 3. revisión de sus respectivas leyes internas, excepto de las que contengan condiciones más favorables a los trabajadores. Las legislaciones laborales de los países integrantes del Mercosur presentan, entre otros, los siguientes puntos semejantes: 1. primacía del principio protector del Derecho del Trabajo que, por eso, tiene carácter imperativo e irrenunciable; 2. autonomía del Derecho del Trabajo; 3. la ley es la principal fuente formal; 4. reconocimiento del principio de la territorialidad de la ley (lex loci executione); 5. adopción del mismo concepto de relación de empleo; 6. adopción de los institutos de la isonomía salarial y estabilidad de los dirigentes sindicales; 7. adopción de las reglas de mantenimiento del contrato en el caso de sucesión y de la responsabilidad solidaria de las empresas; 8. prevalencia del contrato por plazo indeterminado, aunque también se acepte el contrato por plazo determinado; 9. garantía de vacaciones anuales, sueldo mínimo, aguinaldo, derecho de huelga, licencia maternidad; 10. reconocimiento del trabajo autónomo. Entre los puntos divergentes está el “FGTS” [Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio], que existe en Brasil. En lo que se refiere a la previsión social, los cuatro países integrantes del Mercosur tienen en común: 1. problemas de utilización diversa de los recursos de la seguridad social; 2. no pago de las contribuciones por los empleadores y por el Estado; 3. envejecimiento de la población; 25 4. caída de la mortalidad; 5. aumento de la expectativa de vida. Asevera Wladimir Novaes Martinez que “el proceso legislativo sobre normas de protección social, con la finalidad de promover la internacionalización de la seguridad social, debe considerar los siguientes principios: universalización, solidaridad, obligatoriedad, equidad, economía, uniformidad y unidad de gestión”. (“Comentarios a las conclusiones del seminario de internacionalización de la seguridad social”, Revista de Previsión Social, nº 170, enero de 1995, p. 15). A pesar de esas similitudes, las Constituciones latinoamericanas no fueron sensibles a la regionalización de los mercados, que no es reciente. Por eso, sus textos constitucionales no son suficientemente abiertos a los procesos de integración, necesitando que se adecuen a esa nueva realidad. La Constitución brasileña, por ejemplo, sujeta a norma internacional a la recepción formal, que solamente sucederá si no contraria el derecho público interno. La segunda dificultad dice respecto a la reglamentación excesiva que afecta a Brasil y Paraguay, que poseen inclusive un Código de Trabajo. El poder normativo de la Justicia del Trabajo en Brasil constituye otro obstáculo a la compatibilización de las normas de los países que integran el Mercosur, pues Argentina, Uruguay y Paraguay tienen un sistema distinto de solución de conflictos del trabajo. La Justicia del Trabajo brasileña tiene competencia en la solución de conflictos, jurídicos y económicos, individuales o colectivos. En los demás países del Mercosur, la justicia laboral se restringe a la solución de conflictos esencialmente jurídicos. Los conflictos de naturaleza económica se resuelven por mecanismos acordados entre las partes (mediación, arbitraje, etc.) o por otros caminos, como la realización de 26 una huelga. Esa acentuada diferencia en el modo de solución de los conflictos laborales tiene también implicaciones económicas, porque va a influir en la atracción o fuga de capital, en la instalación o no de empresas, etc. La forma de negociación en los países del Mercosur también es distinta. En Brasil se práctica solamente la negociación por categoría, mientras en Paraguay la regla es la negociación por empresa. Argentina y Uruguay negocian por sectores de actividades, aunque ya se verifique una tendencia a la negociación por empresa. Argentina, Brasil y Paraguay poseen normas jurídicas pormenorizadas sobre el modo de negociación y de solución de los conflictos, mientras en Uruguay no existe esa reglamentación. Hay, aun, la diferencia de tratamiento que los integrantes del Mercosur dan a las cargas sociales y a la cuestión de los sueldos. Las cuestiones sociales tienen muchas variantes, todas bastante complejas. Está claro que esa problemática será mucho más grande cuando afecte todo un bloque económico. Eso no quiere decir, sin embargo, que no deban integrar la pauta de la integración regional. En realidad, eso es esencial, porque la constitución de cualquier bloque económico siempre provoca desconfianzas de una parte de los actores sociales que se ven afectados por una competitividad acelerada, por el agravamiento de sus condiciones de vida, por diferencias raciales, lingüísticas, de tradición, de ideología, etc. Esa preocupación con la temática social abarcando nacionales de distintos países ya estaba presente con relación a los países del Cono Sur, hace algunas décadas, con la celebración, entre otros, de los siguientes instrumentos internacionales: 1. Acuerdo de Previsión Social Brasil-Uruguay, del 27 de enero de 1978, habiéndose promulgado en Brasil por el Decreto nº 85.248, del 13 de octubre de 1980; 27 2. Acuerdo de Previsión Social Brasil-Argentina, del 20 de agosto de 1980, promulgado, en Brasil, por el Decreto nº 87.918, del 7 de diciembre de 1982; 3. Protocolo sobre Relaciones de Trabajo y Previsión Social Brasil- Paraguay (Protocolo Itaipu Brasil-Paraguay), en la década de 70; 4. Acuerdo de Cartagena, de 1969, que creó el Pacto Andino (constituido inicialmente por Chile, Bolivia, Ecuador y Perú), también reguló algunas políticas sociales de ese bloque económico. A pesar de no tratar de cuestiones sociales, el Tratado de Asunción dice en su prefacio: “desarrollo económico con Justicia Social” y “mejora de las condiciones de vida”. El Anexo IV, del mismo Tratado, en el art. 3º, letra “b”, establece: “La determinación del daño o amenaza de daño grave en el sentido del presente régimen será analizado por cada país, tomando en cuenta la evolución, entre otros, de los siguientes aspectos relacionados al producto en cuestión: (...) b. nivel de empleo”. A partir de ahí se ha construido la dimensión social de ese proceso de integración, valiendo destacar algunas iniciativas. En un primer momento se creó, con funcionamiento tripartido, el subgrupo de trabajo sobre temas laborales (SGT-11) que, en 1991, se sustituyó por el Subgrupo de Trabajo nº 10, sobre Asuntos Laborales, Empleo y Seguridad Social. Órgano de apoyo técnico al Grupo Mercado Común, el SGT-10 está integrado por representantes de los gobiernos, asociaciones empresariales y organizaciones sindicales. El SGT nº 10 tiene por competencia analizar temas previdenciarios y laborales (generación de empleo, relaciones laborales, migración, trabajo infantil, salud en el ambiente de trabajo, etc.), correspondiéndole proponer al 28 Grupo Mercado Común medidas de promoción del trabajo en el MERCOSUR. En la XV Reunión del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR, realizada los días 9 y 10 de diciembre de 1998, en Río de Janeiro, se aprobó la Declaración Socio laboral del MERCOSUR, que reafirma y consolida derechos laborales reconocidos en convenciones internacionales e instituye mecanismos de seguimiento de su aplicación (MERCOSUL/CMC/Acta nº 2/98, ítem 4). En sus considerandos, la Declaración Socio Laboral dispone que los Estados Partes del MERCOSUR “están comprometidos con las declaraciones, pactos, protocolos y otros tratados que integran el patrimonio jurídico de la humanidad”, citando expresamente las grandes Declaraciones y Pactos de Derechos Humanos universales y regionales. Los Estados Partes deberán elaborar informes anuales informando las modificaciones en sus respectivas legislaciones laborales y los avances en el cumplimento de la Declaración (Art. 23). La Declaración Socio laboral introduce de forma definitiva los temas laborales en el ámbito del MERCOSUR a través de un conjunto de principios y derechos individuales de los trabajadores (no discriminación, promoción de la igualdad a personas portadoras de necesidades especiales, igualdad de tratamiento y oportunidades entre mujeres y hombres, trabajo infantil y de menores, etc.) y derechos colectivos (libertad de asociación, libertad sindical, negociación colectiva, huelga, etc.), además de los derechos de los empleadores. Trata aun del diálogo social, fomento del empleo, protección de los desempleados, inspección, salud y seguridad en el trabajo, seguridad social, etc. En lo que se refiere específicamente a los trabajadores migrantes y fronterizos establece en su art. 4º: 29 “1.- Todo trabajador migrante, independientemente de su nacionalidad, tiene derecho a la ayuda, información, protección e igualdad de derechos y condiciones de trabajo reconocidos a los nacionales del país en que esté ejerciendo sus actividades, en conformidad con la legislación profesional de cada país. 2.- los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas tendientes al estabelecimiento de normas y procedimientos comunes relativos a la circulación de los trabajadores en las zonas de frontera y a llevar a cabo las acciones necesarias para mejorar las oportunidades de empleo y las condiciones de trabajo y de vida de estos trabajadores.” En su art. 20º, la Declaración recomendó instituir la Comisión Socio laboral. Creada en 1999, esa Comisión tripartida tiene, entre otras finalidades, auxiliar al Grupo Mercado Común. De carácter promocional y no sancionador, la Comisión Socio laboral tiene instancias nacionales y regionales y tiene por objetivo fomentar y seguir la aplicación de la Declaración. Su forma de funcionamiento se basa en el modus operandi de la Comisión de Peritos en la Aplicación de Convenciones y Recomendaciones de la OIT. El Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del MERCOSUR, firmado en Montevideo, Uruguay, el 15 de diciembre de 1997, tiene por finalidad asegurar a los trabajadores migrantes y sus familiares el acceso a las prestaciones de la seguridad social en condiciones de igualdad a los nacionales del país en que se encuentran. En Brasil, el Acuerdo Multilateral se promulgó por el Decreto nº 5.722, del 13 de marzo de 2006. Dignos de nota son el Acuerdo sobre Regularización Migratoria Interna de Ciudadanos del MERCOSUR y el Acuerdo sobre Regularización Migratoria Interna de Ciudadanos del MERCOSUR, Bolivia y Chile, firmados en diciembre de 2002, por ocasión de la XXIII Reunión del Consejo del Mercado Común, realizada en Brasilia, Brasil. Por esos Acuerdos, “los nacionales de 30 un Estado Parte que se encuentren en territorio de otro Estado Parte, podrán efectuar la tramitación migratoria de su residencia en este último, sin necesidad de salir del mismo.” (Art. 1º). Los Estados Partes, “convencidos de la importancia de combatir el tráfico de personas para fines de exploración de mano de obra y aquellas situaciones que impliquen degradación de la dignidad humana, buscando soluciones conjuntas y conciliadoras (...)”, igualmente firmaron en la XXIII Reunión del Consejo del Mercado Común, el Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUL y el Acuerdo de Residencia para los Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUL, Bolivia y Chile, igualmente firmados en diciembre de 2002, por ocasión de la XXIII Reunión del Consejo del Mercado Común, realizada en Brasilia, Brasil. Tales Acuerdos, que entraron en vigor en julio de 2009, otorgan el derecho a la residencia y al trabajo a los ciudadanos de todos los Estados Partes, sin otro requisito que no sea la nacionalidad. Podrán requerir la concesión de “residencia temporal” de hasta dos años en otro país del bloque, desde que tengan pasaporte válido, partida de nacimiento y certificado negativo de antecedentes penales. Antes de expirar el plazo de la “residencia temporal” podrán requerir su transformación en residencia permanente. Además de establecer normas generales sobre entrada y permanencia, esos Acuerdos de Residencia regulan el derecho de los inmigrantes y de sus familias en los siguientes aspectos: 1) igualdad de derechos civiles; 2) reunión familiar; 3) igualdad de tratamiento con los nacionales, inclusive en lo que se refiere a la aplicación de la legislación laboral, especialmente en materia de remuneración, condiciones de trabajo y seguro social; 4) compromiso en materia previdenciaria; 5) derecho de transferir recursos; 6) derecho de los hijos de los inmigrantes. 31 En 2011, Ecuador y Perú adhirieron al Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile. Hay que destacar aun el Acuerdo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes entre los Estados Partes del MERCOSUR y el Acuerdo sobre Exención de Traducción de Documentos Administrativos para Efectos de Inmigración entre los Estados Partes del MERCOSUR, el primero firmado en Belo Horizonte, Brasil, el 16 de diciembre de 2004, y el segundo en Florianópolis, Brasil, el 15 de diciembre de 2000. El Acuerdo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes entre los Estados Partes del MERCOSUR busca coordinar políticas de seguridad y de protección de derechos y asistencia a las víctimas en ámbito regional, a fin de combatir los delitos transnacionales de tráfico ilícito de migrantes. El Acuerdo sobre Exención de Traducción de Documentos Administrativos para Efectos de Inmigración entre los Estados Partes del MERCOSUR, según el propio nombre dice, establece que los documentos presentados por los nacionales de cualesquiera de los Estados Partes para los trámites migratorios (solicitud de visa, renovación del plazo de estada y concesión de permanencia), están libres de la exigencia de traducción. El Consejo Mercado Común aprobó, a través de la Recomendación nº 1/2003, el Repertorio de Recomendaciones Prácticas sobre Formación Profesional del MERCOSUR, que funciona en los mismos moldes de los repertorios de recomendaciones editados por el Consejo de Administración de la OIT. En la XXIV Reunión del Consejo del Mercado Común del MERCOSUL, en Asunción, el 18 de junio de 2003, se tomaron, entre otras, las siguientes medidas en el área social: 32 a) autorización, a través de la instrucción del CMC al Subgrupo de Trabajo nº 2, para proseguimiento de los debates sobre mecanismos alternativos de solución de controversias; b) buscando facilitar la circulación de personas en el MERCOSUR, el CMC solicitó al GMC que se examinara la posibilidad de uniformización de los formularios de entrada aduanera, sanitaria y de migración en ese bloque económico, sin, sin embargo, dejar de providenciar las informaciones necesarias para las respectivas autoridades de control. La Coordinadora de las Centrales Sindicales del Cono Sur y el Consejo de Trabajadores del Cono Sur en esa oportunidad reafirmaron “la importancia estratégica de la integración regional en sus aspectos económico, político, social y cultural”; c) sugerencia de Brasil para la constitución de un programa de medio plazo para el MERCOSUR intitulado Programa para la Consolidación de la Unión Aduanera y para el Lanzamiento del Mercado Común ‘Objetivo 2006’, correspondiendo citar las siguientes propuestas de cuño social: “(...) Valorizar la actuación del Foro Consultivo Económico y Social (...); (...) Desarrollar la estructura de articulación de los centros de investigación social de los cuatro Estados Partes para la conducción de reflexión sobre los temas sociales en los Estados Partes, intercambio de experiencias nacionales y desarrollo de indicadores sociales armonizados que puedan servir de base para el establecimiento de metas para la política social de los países del MERCOSUR; 33 (...) Proseguir y profundizar los acuerdos en las áreas de migración, trámites legales y cooperación judicial y otras que coloque el ciudadano que circule en el MERCOSUR o tenga intereses en otro país del MERCOSUR facilidades derivadas de la participación de su país en el agrupamiento. (...) Circulación de mano de obra y promoción de los derechos de los trabajadores – Ratificación del acuerdo sobre residencia de nacionales del MERCOSUR hasta fines de 2004. Aprobación del Misto MERCOSUR hasta fines de 2003 (agilización de la concesión de visas para profesionales cualificados y eliminación de restricciones cuantitativas a la contratación de extranjeros de los países del MERCOSUR). Divulgación de los trabajos de la Comisión Socio Laboral. Presentación hasta fines de 2004 de un conjunto de iniciativas y normas a negociar para la promoción de los derechos de los trabajadores en el MERCOSUR. (...) Educación para el MERCOSUR – Avanzar en las negociaciones para el reconocimiento mutuo de diplomas que permitan la circulación de profesionales e iniciar una agenda de programas de cooperación para la mejora de los niveles educacionales en el MERCOSUR, en el entendimiento de que es un factor fundamental para la competitividad sistémica y la atracción de inversiones en el futuro escenario económico internacional. ” Ante el aumento de la circulación de ciudadanos en el MERCOSUR, el derecho a la Previsión Social ha sido objeto de especial atención de los Estados Partes. 34 Así es que el Acuerdo Iberoamericano de Seguridad Social, firmado en 2007, tras la ratificación por los parlamentos nacionales, traerá beneficios a aproximadamente cinco millones de trabajadores inmigrantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Principado de Andorra, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. La integración en el MERCOSUR, inclusive en lo que se refiere a las relaciones de trabajo y previsión social, se hará, en principio, con mayores dificultades que en Europa, principalmente en consecuencia de las acentuadas diferencias políticas, económicas, sociales y culturales de los Estados Partes. La Reunión de Ministros de Justicia muestra gran preocupación y ha trabajado intensamente en el sentido de armonizar las legislaciones nacionales de los Estados Partes en lo que se refiere a la protección a los niños y adolescentes que migran a otros países integrantes del MERCOSUR. Un ejemplo reciente en esa área es el Acuerdo sobre Procedimiento para la Verificación de la Documentación de Egreso e Ingreso de Menores entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, que establece normas comunes de control de la documentación de esos niños y adolescentes. El Documento de Viaje de los Estados Partes del MERCOSUR y Asociados, aprobado por el Consejo del Mercado Común en 2008, hace posible el tránsito de personas entre los países del Bloque y de los países asociados apenas con la cédula de identidad nacional, sin necesidad de visa y pasaporte. La Visa facilita la circulación temporal de personas físicas dentro del MERCOSUR, ahí incluidos profesionales de varias áreas (científicos, investigadores, técnicos cualificados, periodistas, administradores, ejecutivos, etc.). 35 La Declaración de los Ministros del Trabajo de los Estados Partes del MERCOSUR, aprobada en 2008, durante la presidencia pro tempore de Brasil, reafirma el compromiso con la promoción del pleno empleo y del trabajo decente en el Bloque, buscando evitar o por el menos reducir las consecuencias negativas de la crisis internacional sobre el empleo. La Declaración aun recomienda una mayor integración entre los órganos del MERCOSUR que se ocupan con la problemática socio laboral y una mayor participación de los Ministerios de Trabajo en lo que se refiere a las políticas de desarrollos nacionales y regionales. A partir de ahí, los Ministerios de Trabajo nacionales de los países del Bloque aprobaron puntos prioritarios de actuación para los órganos socio laborales y para el Grupo de Alto Nivel de Empleo (GANEmple). En julio de 2009, en Brasil, se aprobó la llamada Ley de la Amnistía Migratoria, que tiene como finalidad humanizar la cuestión migratoria, por medio del combate al tráfico de personas y de la sujeción a trabajos análogos a la esclavitud. La Ley de la Amnistía Migratoria autoriza la residencia provisoria de ciudadanos extranjeros en situación irregular y que hayan entrado a Brasil hasta el día 1º de febrero de 2009. Con la regularización, esos inmigrantes tendrán derecho a la libertad de circulación, de trabajo, así como acceso a la salud y a la educación públicas y a la justicia. Entre los grupos migratorios que esa Ley deberá beneficiar hay un mayor contingente de peruanos, bolivianos y paraguayos. Por fin cabe destacar el Observatorio del Mercado de Trabajo del MERCOSUR (OMTM), que tiene por finalidad seguir y analizar la evolución del mercado de trabajo en la región y auxiliar a los gobiernos y a los actores sociales en la formulación de políticas públicas de empleo, trabajo y sueldos adecuadas al mundo del trabajo de los Estados Partes y al proceso de integración regional. A partir de 2008, el Observatorio, que también divulga informes periódicos sobre la situación del trabajo en la región, pasó a funcionar como órgano auxiliar del Grupo Mercado Común y a prestar asesoramiento al GANEmple. Esas informaciones están disponibles en la dirección electrónica <www.observatorio.net>. 36 Es innegable, por lo tanto, que una agenda socio laboral, no establecido por el Tratado de Asunción, pero consecuencia natural de una integración económica comercial, aunque sea bastante tímida, se va firmando en el MERCOSUR. La convención colectiva comunitaria, a pesar de la debilidad sindical que han caracterizado los días actuales, podrá auxiliar mucho en el proceso de armonización de las legislaciones nacionales, tomando en cuenta su gran flexibilidad. Además de ser mucho más rápida la celebración de una convención colectiva que la elaboración de una ley, la convención colectiva tiende a ser más fácilmente cumplida, porque es resultado de la voluntad de las partes. Hay, sin embargo, aquellos que sostienen la ilegitimidad de las empresas multinacionales como actores en el proceso de negociación, una vez que la empresa madre tiene sede fuera de la comunidad. En entrevista, el ex ministro de las Relaciones Exteriores de Brasil, Embajador Luiz Felipe Lampreia, indica: “el MERCOSUR es una experiencia singular en el mundo aun en desarrollo (...) es nuestro mayor proyecto histórico después de la Independencia, nuestra prueba más decisiva sobre nuestra propia capacidad de realizar algo mayor en sintonía con el mundo exterior.” (“Perspectivas de la globalización: el MERCOSUR va a englobar a América del Sur”, Revista del MERCOSUR, nº 64, septiembre - octubre de 2000). Carlos Alberto Chiarelli, con mucha lucidez, hace la siguiente observación: “La integración no sucede por obra y gracia de factores inexplicables (...) la integración tiene causas, etapas y elementos constitutivos bien definidos (...) no existe, en el registro histórico 37 de las integraciones una única que haya sucedido como un pase de magia (...) la manera de viabilizarla es el camino del gradualismo, de la flexibilidad y del equilibrio, principios que, dicho sea de paso, están explicitados expresamente en el Tratado de Asunción, que ha inspirado la trayectoria recorrida hasta aquí por el Mercosur” (Integración: derecho y deber - Mercosur y Mercado Común Europeo, San Pablo, LTr, p. 50-1). Como un mercado común implica en la existencia de un mercado común de trabajo, los principios fundamentales del Derecho del Trabajo siempre se tendrán que preservar, hasta porque son esenciales para el equilibrio de las relaciones de trabajo y el bienestar social. X. BRASIL Y EL TRABAJADOR MIGRANTE En Brasil, el Decreto 528, del 28 de junio de 1890, disponía: “Art. 1º – es totalmente libre la entrada, en los puertos de la República, de los individuos válidos y aptos para el trabajo, que no estén sujetos a una acción criminal de su país, exceptuados los indígenas de Asia, o de África, que solamente mediante autorización del Congreso Nacional se podrán admitir de acuerdo con las condiciones que entonces se estipulen.” Con la abolición de la esclavitud negra, el gobierno brasileño optó por la inmigración de europeos para el trabajo en la agricultura. Una de las formas de establecimiento en el país era a través de la posterior transformación de esos inmigrantes en pequeños propietarios agrícolas. 38 Se ofrecía el pasaje para toda la familia y el desplazamiento hasta la hacienda. Había varios núcleos coloniales, que se constituían por alianza entre el gobierno y los propietarios de tierras destinadas a la colonización. A cada decena de inmigrantes asentados el gobierno pagaba “premios” a esos propietarios. El núcleo colonial lo elegía el inmigrante, según su propia preferencia. En esa época muchos inmigrantes se interesaron por los labrantíos de café de los estados de San Pablo y Paraná. En un primer momento, al llegar al país, los inmigrantes recibían un título provisorio de propiedad de un lote de tierra, que debía tener la estructura básica (agua, carreteras, etc.) y una casa provisoria, todo suministrado por los propietarios, que tenían aun la obligación de mantener la subsistencia de esos inmigrantes durante los primeros nueve meses de su estada en el país, período necesario para que prosperaran sus plantaciones. Ese título pasaría a definitivo, así que se quitaran las cuotas debidas por el inmigrante al propietario originario, más los costos de subsistencia y de la casa provisoria de los primeros nueve meses de estada en el país. Estaba prohibida la financiación por un plazo inferior a diez años. Una segunda forma de establecimiento de los inmigrantes en el País sucedía a través de su contratación como mano de obra asalariada. El propietario de tierra debía indicar, en su oferta de trabajo a la Inspección General de Tierras y Colonización, el número de trabajadores necesarios, la nacionalidad pretendida y las condiciones de trabajo, que posteriormente los traduciría la compañía de transporte en documento firmado por el inmigrante. La Inspección General, por un período de seis meses tras la llegada, tenía como atribución obligar a los propietarios al cumplimento de los contratos, verificar eventuales reclamaciones de los inmigrantes contra los propietarios de tierras y hasta actuar como árbitro. 39 Al lado de la política de incentivo del gobierno brasileño, la difícil situación económica de varios países europeos con la 1ª guerra mundial y la crisis de 1929 promoverán aún más la migración, calculándose que ese movimiento, entre 1882 y 1934, haya llegado a 4,5 millones de personas, pasando a ser prácticamente nulo a partir del fin de la 2ª guerra mundial hasta fines de los años 1970. La política migratoria brasileña cambió con la promulgación de la Constitución de 1934, que se alejó del espíritu liberal de la Constitución de 1891. Se pasó a creer que núcleos de inmigrantes podrían crear política, economía y cultura paralelas y hasta de oposición al Poder Ejecutivo. Por eso, las Constituciones de 1934 y de 1937 restringían la entrada, distribución y fijación de inmigrantes, por nacionalidad, según una cuota de como máximo el 2% sobre el número total de los respectivos nacionales fijados en Brasil considerados los últimos cincuenta años. En ese mismo sentido, el Decreto ley nº 406, del 04.05.1938, que fue el primer Estatuto del Extranjero. Aunque la 2ª guerra también pudiera constituir un hecho propiciador a la inmigración, eso no sucedió en Brasil, que adoptó medidas para limitarla, excepción hecha a portugueses y familiares de brasileños en general (Decreto ley nº 3175, del 07.04.1941). El Decreto ley nº 7.967, del 18.09.1945, bajo los efectos del postguerra y que pasó a ser el segundo Estatuto del Extranjero, mantuvo el sistema de cuotas para ingreso de inmigrantes. Consideraba la colonización como una cuestión de utilidad pública. En ese sentido, el Consejo de Inmigración y Colonización del Gobierno Federal y el Estado de San Pablo, a través del Decreto ley nº 9534/46, firmaron un convenio, por medio del cual inmigrantes portugueses, italianos, españoles, franceses, alemanes y griegos tuvieron sus gastos costeados por el Estado de San Pablo desde el desembarque en el puerto de Santos hasta la instalación en los labrantíos o lugares de trabajo. La Constitución de 1946, en su art. 162, establecía que la selección, entrada, distribución y fijación de inmigrantes quedarán sujetas, en la forma de la ley, 40 a las exigencias del interés nacional. Brasil celebró acuerdos de inmigración y colonización con los Países Bajos, para atraer a holandeses (Decreto 30.692, del 29.03.1952), con Japón (Decreto 52.920, del 22.11.1963) e Italia (Decreto ley 57.7759/1996). La migración italiana y japonesa, que ya existía, se facilitó por eses acuerdos. La Constitución de 1967 establece: “Art 8º - Le corresponde a la Unión: (...) XVII - legislar sobre: (...) p) emigración e inmigración; entrada, extradición y expulsión de extranjeros.” La Constitución de 1988, tras disponer en el art. 5º, caput, que “Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza, garantiéndose a los brasileños y a los extranjeros residentes en el País la inviolabilidad del derecho a la vida, (....)”, en su art. 22, XV, repite la Constitución de 1967, limitándose a decir que es de competencia de la Unión legislar sobre emigración e inmigración, entrada, extradición y expulsión de extranjeros. La Ley nº 6815, de 1980, que es el Estatuto del Extranjero en vigor prevé las situaciones de admisión, entrada, registro y salida de extranjeros (y no inmigrantes). No existe el término inmigrante en el Estatuto del Extranjero y la palabra inmigración aparece apenas en el nombre del Consejo Nacional de Inmigración y en el párrafo único del art. 16, a saber: “Art 16. La visa permanente se podrá conceder al extranjero que pretenda fijarse definitivamente en Brasil. Párrafo único. La inmigración tendrá como objetivo, primordialmente, propiciar mano de obra especializada a los varios sectores de la economía nacional, teniendo como objeto el aumento de la productividad, para la asimilación de 41 tecnología y la captación de recursos para sectores específicos.” XI. CONSIDERACIONES FINALES Actualmente, hechos económicos, sociales, políticos y ambientales cada vez más complejos aliados a las facilidades de la globalización, del intercambio de personas y mercaderías y de la mejora de los servicios de transporte, están promoviendo un intenso movimiento migratorio: “Es fácil reconocer muchos derechos para poca gente, pero, cuando esa poca gente gana expresión y se transforma en mucha gente, se empieza a pensar en cómo contener esos derechos. Ese clima de aprensión extrapola el aspecto esencialmente jurídico de la cuestión. Por eso, no basta apenas confeccionar un documento jurídico con pretensión de universalidad; es preciso que haya adhesión para su validez y aplicabilidad. La Convención de la ONU para Protección de los Trabajadores Migrantes, por abordar el problema de la inmigración ilegal y por instituir derechos a los trabajadores en esta condición, es un documento prácticamente olvidado por la comunidad internacional, lo que evidencia la imposibilidad de que la temática de las migraciones se resuelva exclusivamente por medio de la creación de normas jurídicas, si ellas no tuvieran efecto vinculante general.” (Cristiane Maria Sbalqueiro Lopes, Derecho de inmigración: el Estatuto del Extranjero en una perspectiva de derechos humanos, Porto Alegre, Núria Fabris Ed., 2009, p. 274). Además, las guerras, los problemas ambientales y las gravísimas crises económicas internacionales, que parece que no tienen más fin, colocan a los trabajadores migrantes entre los grupos más perjudicados, no solamente porque trabajan en sectores que son los primeros afectados en esas 42 situaciones, sino también porque se transforman en blanco de actos discriminatorios más contundentes: “En épocas de inseguridad económica, los migrantes siempre parece que figuran entre los primeros a ser acusados, y esta crisis no es distinta”, dice Patrick Taran, Especialista Senior del Programa de Migraciones Internacionales de la OIT (Gary Humphreys, “La crisis económica y la discriminación contra los trabajadores migrantes” in Trabajo – La Revista de la OIT, nº 72, p. 13, agosto de 2011). Relatos de sucesos graves, inclusive con asesinatos de migrantes, no faltan. Según observa Tarán, “Entre los ejemplos más destacados figuran los ataques cometidos contra trabajadores migrantes en Sudáfrica en 2008, en los que 60 migrantes extranjeros fueron asesinados, y alrededor de 10.000 quedaron sin hogar y, más recientemente, los ataques dirigidos contra trabajadores migrantes en Rosarno, Italia, en los que los días de disturbios dejaron 53 lesionados en dicho colectivo, y acabaron con 1.000 migrantes enviados a centros de deportación. (...) Somos testigos de conductas contrarias a todo tipo de coherencia. Ponen en peligro el régimen democrático, los medios de subsistencia individuales y el bienestar de las personas.” (Gary Humphreys, “La crisis económica y la discriminación contra los trabajadores migrantes” in Trabajo – La Revista de la OIT, nº 72, p. 13, agosto de 2011). Para hacer frente a esta situación calamitosa, Patrick Taran entiende que es necesario insistir en la necesidad del cumplimento de las leyes contra discriminación que, a su ver, ya son adecuadas en la mayoría de los países, además de la urgencia de adoptar una planificación global para la mejora de 43 las condiciones de trabajo, no apenas de los trabajadores migrantes, sino también de la mano de obra más vulnerable en los países que emplean a esos migrantes. El mismo entendimiento tiene Madeleine Sumption, analista de políticas del Migration Policy Institute, grupo de expertos independiente, sin finalidad de ganancia, con sede en Washington. Para Claire Courteille, directora del Departamento de Igualdad de la Confederación Sindical Internacional (CSI), con sede en Bruselas, “Nuestra postura es que si alguien trabaja aquí, debe tener derecho a todas las prestaciones de la seguridad social, a la misma normativa en materia de salud y seguridad, a los mismos sueldos, y a que se reconozca su derecho de sindicarse. El principio de igualdad de trato a los trabajadores migrantes debe constituir la piedra angular de toda política de migración. (...) Si se permite la entrada de personal para realizar, por ejemplo, tareas agrarias, y en él se garantiza la igualdad de trato con relación a los trabajadores locales, se producirá un dumping social, y los empleadores buscarán la mano de obra más barata. Si, al contrario, los empleadores en él pueden contratar a trabajadores por debajo del nivel salarial establecido, la mano de obra nacional verá con mejores ojos la entrada de trabajadores migrantes, y se atenuará la discriminación.” (Gary Humphreys, “La crisis económica y la discriminación contra los trabajadores migrantes” in Trabajo – La Revista de la OIT, nº 72, p. 14, agosto de 2011). Además, para Claire Courteille, con el estabelecimiento de una política basada en la igualdad de tratamiento, disminuirá la explotación de personas. De ahí también viene la importancia de colocar en práctica la directriz indicada por la Conferencia sobre Población y Desarrollo de la ONU, de 1994, que, al analizar profundamente las causas motivadoras de la migración, concluyó por la urgencia de promover el desarrollo económico y 44 social de los países dichos en desarrollo, promoviendo un mejor equilibrio entre esos países y los desarrollados. En ese sentido, vale recordar la Opinión Consultiva OC 18/03, emanada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que constituye un marco del Derecho Internacional. Iniciada por provocación de México, el 10 de mayo de 2002, la OC 18/03, por decisión unánime, afirma, entre otras observaciones, que “los Estados tienen la obligación general de respetar y garantizar los derechos fundamentales (...) que el no cumplimento por el Estado, mediante cualquier tratamiento discriminatorio, de la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos es suficiente para generar responsabilidad internacional. (...) que en la actual etapa de la evolución del Derecho Internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ingresó en el dominio del ‘jus cogens’, acarreando obligaciones ‘erga omnes’ de protección que vinculan todos los Estados y generan efectos con relación al tercero, inclusive particulares (...) que la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos vincula los Estados, independientemente de cualquier circunstancia o consideración, inclusive el status migratorio de las personas (...) el migrante, al asumir una relación de trabajo, adquiere derechos por ser trabajador, que se deben reconocer y garantizar, independientemente de su situación regular o irregular en el Estado de empleo (....) esos derechos son consecuencias de la relación laboral.” (Renato Zerbini Ribeiro Leão (“Corte Interamericana y el derecho de los trabajadores migrantes”, in Síntese Trabalhista, nº 175, p. 6-7, enero de 2004). Afirma Juan Somavía, Director General de la OIT: “Está surgiendo un consenso internacional entorno a la idea de que la reglamentación de la migración laboral internacional no se puede dejar solamente en manos de intereses nacionales y 45 mecanismos de mercado. También es necesario actuar de forma organizada a través de acuerdos bilaterales y multilaterales, además de la adhesión a las normas internacionales.” (Patrick Taran (entrevista), “Un nuevo Convenio para millones de migrantes” in Trabajo – La Revista de La OIT, nº 48, p. 23, septiembre de 2003). Para Firmino Alves Lima, “la preservación de los derechos humanos de los migrantes está lejos de ser alcanzada de modo adecuado y necesario. Al contrario, el respecto a los derechos humanos de los migrantes depende de inúmeros factores de difícil obtención en los días actuales, principalmente por necesitar de la interferencia externa en ordenamientos jurídicos internos. En términos económicos, tales medidas piden altos gastos de los países receptores, algunos con presupuestos bastante comprometidos, para que se proporcionen condiciones igualitarias entre los migrantes y los lugares.” (Firmino Alves Lima, “Os direitos humanos dos migrantes”, in Antonio Rodrigues de Freitas Junior, Direito do trabalho e direitos humanos, São Paulo, BH Editora e Distribuidora de Livros, 2006, p. 278-9). La Organización de los Estados Americanos en el 3º Encuentro de las Américas, en lo que se refiere a la migración, elaboró las siguientes propuestas: “a) reforzar la cooperación entre Estados, para un estudio comprensivo, objetivo, y a longo plazo, sobre las manifestaciones, orígenes y efectos de la migración en el continente americano; b) promover el reconocimiento del valor de la cooperación próxima entre países de origen, tránsito y destino para promover la protección de los derechos humanos de los migrantes; 46 c) establecer un programa interamericano dentro de la OEA para promoción y protección de los derechos humanos de los migrantes, incluyendo migrantes trabajadores y sus familias; d) compromiso para establecer la más amplia cooperación e intercambio de información entre Estados sobre actividades y redes de tráfico ilegal de personas, incluyendo campañas para demonstrar los peligros y fiscos enfrentados por migrantes, particularmente mujeres y niños, que siempre son víctimas de este tráfico; e) establecer relaciones con procesos subregionales de discusión, como la Conferencia Regional de Migración en América del Sur, para el intercambio de informaciones sobre el fenómeno de la migración, y promover la cooperación con organismos internacionales especializados, con la Organización Internacional de la Migración, para implementar y coordinar implementaciones en los esfuerzos determinados en el Encuentro.” (in Firmino Alves Lima, “Os direitos humanos dos migrantes”, in Antonio Rodrigues de Freitas Junior, Direito do trabalho e direitos humanos, São Paulo, BH Editora e Distribuidora de Livros, 2006, p. 279-80). A nuestro ver, Firmino Alves de Lima está correcto cuando formula las siguientes propuestas destinadas a la mejora de las condiciones de los migrantes y al cumplimento de los derechos humanos más básicos: “1) compromiso de aplicación de instrumentos internacionales de defensa de los derechos humanos y derechos laborales nacionales, para la protección de los migrantes trabajadores y sus familias, con la ratificación de la Convención sobre Trabajadores Migrantes y sus Familias; 2) ratificación por Brasil de la Convención Internacional de Protección de todos los trabajadores migrantes y sus familias; 3) reafirmación del derecho de cada Estado soberano de formular y aplicar sus propias políticas de inmigración, pero restringidos a 47 los limites de la dignidad de la persona humana y sin ofender los derechos y garantías fundamentales de la misma, así como evitar que tales políticas provoquen situaciones de discriminación por cualquier motivo que sea; 4) reafirmación de la protección de los derechos humanos y de las libertades individuales, sin ninguna distinción, sea de la naturaleza que sea, siendo una prioridad de la comunidad internacional y responsabilidad de cada Estado el respeto de tales derechos en su esfera de soberanía; 5) recibir los migrantes las mismas condiciones de trabajo de los nacionales; 6) permiso de salida y retorno sin obstáculos a los migrantes, tanto en los países destino como en sus propios países; 7) estimular la negociación de tratados bilaterales o multilaterales para garantía de derechos y beneficios de la seguridad social; 8) proteger los migrantes de situaciones de explotación y abuso de derechos humanos en las relaciones de trabajo, ya sea él autónomo o subordinado, protegiendo internacionalmente contra prácticas que lleven a la degradación de la persona humana y a la violencia física o moral; 9) compromiso de preparación, educación y entrenamiento del mundo del trabajo para respeto integral a los derechos humanos en todos los niveles; 10) establecimiento de procedimientos jurisdiccionales rápidos y de urgencia, caracterizados por la sumaridad y efectividad de las decisiones proferidas en carácter inmediato, para la defensa de los derechos de los migrantes contra actos discriminatorios.” (Firmino Alves Lima, “Os direitos humanos dos migrantes”, in Antonio Rodrigues de Freitas Junior, Direito do tabalho e direitos humanos, São Paulo, BH Editora e Distribuidora de Livros, 2006, p. 281-2). XII. CONCLUSIÓN 48 El esfuerzo de este estudio fue mayor porque constituye el homenaje que prestan en el 40º aniversario de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y al mismo tiempo de homenaje al insigne jurista brasileño Domingos Sávio Zainaghi, ex Presidente de nuestra entidad y festejado profesor y abogado de San Pablo, Brasil.