Si pretendemos reflexionar sobre las políticas sociales que realiza un Estado en un marco de Democracia, debemos considerar el contenido ideológico que lo constituye.
LAS POLÍTICAS SOCIALES, EL ESTADO Y LA DEMOCRACIA
Dr. Cesar a. Torres Brizuela
Si pretendemos reflexionar sobre las políticas sociales que realiza un Estado en un marco de Democracia, debemos considerar el contenido ideológico que lo constituye.
El mundo nos manifiesta un proceso de consolidación de las democracias, en donde las instituciones se afianzan y las libertades aparecen cada día con mayor despliegue; sin embargo dentro de este contexto se propician, se desarrollan, políticas económicas que traen aparejado un creciente deterioro de las condiciones de vida, de trabajo, cuando la carencia del mismo generan una elevada marginación social, notorios contrastes y desigualdades. En el marco de políticas económicas “exitosas” con elevados índices de crecimientos aparecen signos de ese profundo contraste, porque solo son muy pocos los que encuentran satisfacción a sus más esenciales necesidades.
Podemos concebir un Estado que ignore esas necesidades y que deje liberado o permita que el mercado regule las normas que regirán la convivencia de los hombres.
De la concepción del Estado y la Democracia podemos extraer la respuesta y quedar reflejado en la normativa misma.
El Derecho, como lo entendemos, se encuentra sometido a una movilidad constante; en continua transformación que le permite adecuarse a la realidad. Esa renovación no debe ser la expresión de un grupo social, mayoritario o no; de un sector de intereses o simplemente del Estado como lo enuncia el más puro positivismo; debe ser un fenómeno cultural con limitaciones que en su oportunidad expresaremos.
Hemos sostenido que el Derecho es un objeto cultural y que por lo tanto sus normas deben responder a una realidad social, pero advertíamos que siempre sobre un sustento; teniendo en cuenta que “existen principios fundamentales en la ley natural y la palabra de Dios que no pueden ser sometidos a los cambios de la historia”, como los sostenía S.S. Juan Pablo II en su discurso a los miembros de la Asamblea Plenaria de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales – 25/04/97, es decir que siempre resulta necesario enriquecer con aspectos novedosos todo el desarrollo de la cultura; pero sobre la base de unos principios esenciales. Las transformaciones del mundo, nos obliga a realizar una re-lectura de las problemáticas para elaborar propuestas, pero manteniendo incólume los fundamentos axiológicos que originan la cuestión que se debate.
Dentro de este contexto debemos ubicar las políticas sociales que formule el Estado.
Afirmamos que el Derecho tenía un sustrato valorativo que debía reflejarse en la estructura social y política; normas que si se encontraran desprovistas de este sustento, carecerían de legitimidad y transformaban al Estado y a la Democracia en meros conceptos vacíos de contenidos;; de una pura legalidad que les quitaba todo fundamento.
Sosteníamos que no era posible omitir en el análisis del tema de las políticas sociales y el Estado, el tema de la Democracia, porque solo en ella puede articularse un derecho que responda a las exigencias que nos impone la realidad contemporánea, pero que no avasalle los contenidos trascendentes que aseguran y garantizan el límite infranqueable que requiere la justicia y la paz como fines del Estado.
En la Democracia el ámbito natural de orden moral, en donde se concretan los valores y derechos fundamentales de los hombres, entre los cuales esta el de vivir dignamente; ninguna estructura sociopolítica que no se nutra de un fuerte contenido ético, que se refleje en la normativa jurídica puede ser considerada democrática, es decir que siempre debe tener un contenido social, o no lo es. No admitimos las Democracias formales.
Es la función primordial del Estado, procurar ese espacio ético que impulsa el desarrollo integral del hombre. En el Estado Democrático a la función de garantía, se le adiciona la de promoción y de activa remoción de todos los obstáculos que dificultan el pleno desarrollo de la persona; solidaridad y participación adquieren un valor fundamental, de carácter de herramientas y de criterios rectores para el logro de los fines.
Dentro de este marco político social, solamente puede producirse cualquier transformación económica, es el ámbito natural donde pueden desarrollárselos derechos sociales.
Cualquier política social que no se desarrolle dentro de este contexto, carece de proyección y futuro, toda intervención del Estado debe estar marcada por la subsidiaridad. Donde hay necesidades e injusticias, en donde la tarea comunitaria es insuficiente, allí debe encontrarse corrigiendo, ordenando, creando las condiciones adecuadas con su intervención. Esta afirmación revalida la tarea comunitaria que se sustenta sobre la solidaridad y participación.
Las políticas económicas en boga nos ofrecen precisamente una imagen opuesta a estas afirmaciones.
Las corrientes ideológicas que sustentan estas políticas económicas plantean ya sea como irracional la relación entre “solidaridad” con “desarrollo” por la existencia de un contraste irreversible, porque afirman que la primera es consecuencia de la pobreza. La teoría del desarrollo económico; otros la entienden dentro de una actitud paternalista; asimismo hay quienes la consideran como algo ineficiente, porque el crecimiento y la eliminación de la miseria es un problema de técnica económica.
Las ideas liberales, neoliberales y sus consecuencias en las políticas económicas, han expresado que la “utilidad”, el “laissez faire” eran los factores propicios para obtener la paz y la justicia.
Los resultados de estas experiencias han sido puestos en evidencia por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) que en su informe anual sobre el Estado del Desarrollo Humano destaca que la brecha de consumo entre ricos y pobres sé amplia cada vez más.
Destaca que el 20% de la población mundial vive en los países industrializados y de mayor desarrollo, pero consume el 86% de los bienes del mundo, añade que el consumo de los bienes y servicios, incluidos alimentos, energía, comunicaciones se incrementa el planeta en 1998; seis veces con relación a 1975. Las diferencias actuales son aun mayores.
Ello nos puede dar solo una pálida imagen de los efectos de la globalización y la precarización de las relaciones laborales que son su consecuencia.
En un encuentro en Tanti – Provincia de Córdoba – Argentina de “Constructores de la Sociedad” se puntualizaron como aspectos negativos del fenómeno de globalización, la socialización del mercado que, reduce las necesidades humanas a un impulso puramente consumista que no puede ser satisfecho y provoca un creciente malestar social, alterando los valores éticos de la cultura del trabajo y la solidaridad; determina una progresiva fragmentación del cuerpo social con la consiguiente destrucción de la persona, la familia y las demás comunidades. Constituye una “Sociedad dual” que es el germen de la conflictividad social: y sus consecuencias: el desempleo, la marginalidad, la violencia y el desarraigo. Sectores que no participan de ese bienestar generado por las políticas económicas.
Un estado que pretenda ser democrático debe articular en su seno, los derechos individuales y sociales y permitir el desarrollo integral de la persona.
Sin solidaridad, sin participación, sin justicia, sin equidad, no puede haber democracia, es decir sin una política económica social que garantice los valores y principios aludidos.
Las políticas neoliberales que olvidan los valores esenciales de la persona, no conducen a un Estado democrático, en el sentido autentico y humanista que hemos expresado.
Un simple “humanismo racionalista”, que limita al hombre a una mera materialidad, sin un contenido axiológico, tampoco nos aproxima al Estado que pretendemos, porque al quitarle trascendencia, termina transformándola a la persona en un objeto carente de conciencia y libertad porque no puede optar ni ordenar los valores y hacer uso responsable de sus derechos, porque la vigencia de los mismos quedará supeditada a las “realidades sociales” que en definitiva ordenan las prioridades, según los criterios de quienes influyen en la esfera publica.
En definitiva un Estado democrático deberá procurar corregir, encaminar y solucionar los conflictos que se susciten, por la vía de la justicia, la paz, la equidad, y por medio de instrumentos adecuados, colocando al hombre en su dimensión trascendente como fin. La seguridad es uno de estos, tal vez el mas importante para garantizar la democracia.
