Despido justificado de trabajador estable que es un dirigente sindical. Ineficacia de la garantía de estabilidad sindical por comunicación al empleador después de la suspensión del contrato, para la promoción del juicio sobre justificación de despido. Criterio discutible 1

Por: Beatriz E. Cristaldo R. Paraguay

Comentario: aunque la comunicación por un medio fehaciente al empleador de la nómina de los dirigentes amparados con la garantía de estabilidad sindical, es una obligación impuesta al sindicato por el art. 322 CT, el texto legal no establece un plazo para efectuar esa comunicación, ni dispone que transcurrido ese plazo caduca el derecho a la estabilidad sindical. Según la sentencia analizada, “la empleadora por su parte dice que le fue comunicada dicha situación, con posterioridad a la suspensión decidida por su parte, para iniciar la demanda de justificación de despido, por lo que no tenía conocimiento de tal circunstancia”. En consecuencia, el juzgador debió otorgar la medida cautelar de reposición en el empleo, mientras proseguía el proceso ordinario sobre justificación del despido.

La aludida estabilidad sindical es una consecuencia de la protección especial que el Estado otorga a los sindicatos para que puedan cumplir libremente la función que a dichos organismos compete, cual es la defensa de los intereses de sus afiliados y consiste en el derecho que un trabajador tiene a conservar su puesto de trabajo, de no incurrir en faltas previamente admitida ante un juez competente. Es decir, sólo podrá despedirse a un trabajador que se encuentre investido de fuero sindical, mediante causa justificada debidamente comprobada ante el Juez del Trabajo, de conformidad con el procedimiento establecido en la normativa respectiva. No obstante, lo expresado en los párrafos que anteceden, en ningún caso puede interpretarse dicha normativa, en el sentido de amparar situaciones como las descritas en los autos principales. Por lo que en definitiva el delegado sindical, aunque ostente un cargo representativo, viene obligado como el resto de los trabajadores a cumplir las obligaciones derivadas del vínculo contractual, y la transgresión o incumplimiento de las mismas pueden acarrearle el despido. Aunque como se expusiera con anterioridad, en el expediente no fue acreditado que la empleadora tuviera conocimiento al momento de decidir la suspensión precautoria, para iniciar el juicio de justificación de despido al trabajador, que éste ostentara fuero sindical alguno. Por lo que al admitirse como legal la decisión de la empresa, de despedir al trabajador por las causales invocadas por ella –según decisorios de los juzgadores de las instancias inferiores– luego de un amplísimo debate entre las partes, comprobación de las alegaciones de las mismas y acabado estudio del caso por los jueces de la causa, no cabe dudas de que la decisión tomada por ellos no resiente de ningún vicio que puedan invalidarlos o que puedan ser tachados de inconstitucionales. En conclusión, los argumentos expresados por el accionante denotan que lo que le agravia es el razonamiento de los magistrados intervinientes, pero ello sólo puede determinar la declaración de inconstitucionalidad de un fallo y su consiguiente nulidad, si el mismo está basado en una interpretación del derecho o una apreciación de los hechos, antojadiza, caprichosa o ilógica. Sin embargo, tales defectos no vician las resoluciones atacadas, las cuales, por el contrario, están extensamente fundadas, y los argumentos que las sustentan son perfectamente coherentes. Los juzgadores han interpretado la ley vigente en la materia y han valorado las pruebas ofrecidas, de conformidad con su leal saber y entender. Ac. Nº 374, 09/08/10.

1 Sentencia dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay.